La promulgación de la ley de convocatoria a elecciones judiciales ha sido apenas el primer paso a transitar en terreno sinuoso y escarpado. Si bien éstas no resolverán la crisis sistémica de la justicia, la población esperaba que senadores y diputados experimentaran un ataque de sensatez cumpliendo con su responsabilidad legal y política antes del paréntesis carnavalero. Eso no ocurrió. Hubiera sido la señal de la retoma del liderazgo político de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que le corresponde. Seguimos entrampados y “autobloqueados” por la postergación del tratamiento de la polémica “autoprórroga” del mandato de los magistrados del Órgano Judicial dispuesta por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El funcionamiento y continuidad del TCP prorrogado es para el gobierno de Arce un asunto existencial; se convirtió en su instrumento de gobernabilidad. Necesita que la ALP bendiga la ampliación de mandato, además de las leyes económicas agendadas. A diferencia del pasado, hoy el ministro Iván Lima se pronuncia a favor de la constitucionalidad de la ampliación de mandato bajo el argumento de que las sentencias del TCP son inapelables, de cumplimiento obligatorio e irrebatibles.

A propósito de la prórroga, un reciente diálogo realizado en Cochabamba intentó responder a preguntas todavía pertinentes: ¿Cuáles son las bases jurídicas de la polémica prórroga de mandato de los magistrados y qué opciones dan la Constitución y el derecho constitucionales en estos casos? Cuatro constitucionalistas de renombre (Eduardo Rodríguez Veltzé, José Antonio Rivera, Gabriela Sauma y Jorge Asbún) hicieron énfasis en el controversial accionar de los magistrados al filo de concluir su mandato.

Para el expresidente Rodríguez Veltzé, vivimos en un “desamparo constitucional”, una crisis multidimensional en la cual la prórroga de mandato “no habla bien del propósito democrático que tuvimos en el país para recuperar la democracia hace 40 años”. La creciente politización de la justicia agudizó la desconfianza y “experimenta con la prórroga su momento más complejo”, siendo nula por mandato de la propia Constitución.

Gabriela Sauma considera la autoprórroga como una interpretación constitucional antojadiza; contraviene un principio fundamental del derecho: “los jueces no pueden fallar en favor de sus propias causas”. Por otra parte, no sería la primera vez que, en 40 años de vida democrática, cesen las funciones de las altas cortes por lo que el vacío de poder no es un argumento suficiente para forzar la ampliación de mandato de tribunos y magistrados.

Desde otra perspectiva, José Antonio Rivera se refirió a la reforma constitucional de 1994, por lo que, nos gusten o no, los fallos del TCP son inapelables; como si “después del TCP solo quedara el cielo”. Sin embargo, el cuestionamiento a su accionar apuntan al hecho de haber fallado en una causa propia, en un contexto agravado por el secuestro político que se manifiesta en la “ya consabida falta de independencia e imparcialidad de la justicia”.

Jorge Asbún fue categórico. La solución de la crisis judicial no pasa por destrabar el proceso de elección de nuevas autoridades ya que es un sistema fallido, poco confiable y cuestionado por la población en alusión al elevado porcentaje de votos nulos y ausentismo registrados en dos eventos electorales previos. “Los problemas que se tienen no vienen de la redacción de la Constitución o de las leyes, sino de la manera en la que las autoridades hacen ejercicio de ella y la interpretan”, es decir de la cultura constitucional de autoridades y ciudadanía. En países con diseños normativos similares al boliviano, no se producen estos excesos ni interpretaciones antojadizas.

Son las prácticas y no necesariamente las leyes las que amenazan a las democracias. Andrés Malamud sostiene que el éxito de la democracia depende de la “tolerancia hacia el otro y de la contención institucional, es decir de la decisión de hacer menos de lo que la ley me permite”. Se trata de garantizar el juego limpio y la moderación en el uso de las prerrogativas reconocidas por ley, comportamientos ajenos a la línea trazada por el TCP boliviano.

En el diálogo surgieron dos propuestas de salida a la crisis política, bajo el criterio de que al no tratarse la prórroga se empantanarían los avances difícilmente logrados. Rivera propuso priorizar el tratamiento de la ley de elección y preselección de postulantes y abordar por separado el asunto de la prórroga, tal como efectivamente ocurrió al promulgarse la ley 144. Paralelamente, Sauma sugirió que la ALP acepte la prórroga de los magistrados de manera acotada, limitando las funciones y competencias de control normativo sensibles políticamente y autorizando temas de interés de la gente que espera una respuesta a sus reclamos. ¿Aceptaría Arce estas condiciones sin ponerle zancadillas al proceso electoral?

Por su parte, ¿será que Evo Morales, parapetado en el Chapare, retoma los bloqueos de no mediar la renuncia de los magistrados? No le será fácil pese a la musculatura política y social que todavía demuestra. Hoy Evo prueba de su propia medicina. La defensa de la justicia y la democracia no es más que el envoltorio de lo que en verdad le quita el sueño: el bloqueo a su candidatura presidencial por magistrados domesticados por el “arcismo”.

¿Seguirá el país secuestrado por la disputa interna de un partido que aún es eje (des)ordenador de la política? ¿Podrá el MAS oficialista lograr los votos a su favor? Difícil de prever en una asamblea fragmentada, menos aun cuando en la opinión pública gana terreno la idea que el TCP no solo cercena funciones legislativas, sino que las usurpa.

Bolivia es mucho más que el MAS. La crisis multidimensional que experimentamos plantea el sinceramiento y procesos de reforma de largo aliento. El Gobierno se resiste, sea por debilidad o incapacidad, a construir mayorías temáticas o circunstanciales en la ALP o, lo que es peor, a renunciar a su control sobre el TCP, hoy convertido en el Olimpo desde donde se digita nuestra mundana y venida a menos democracia.