Hace unos días no fue menor la ola noticiosa que daba cuenta de pedidos de renuncia al presidente Luis Arce; incluso se advertía del riesgo de “una salida a patadas” si este seguía evitando dar solución a los problemas que enfrenta el país. Los 16 días de bloqueo convocado por Evo Morales y los sindicatos cocaleros agudizaron la sensación de incertidumbre y malestar social en el país. Esta circunstancia fue bien aprovechada por el oficialismo para desempolvar el discurso victimista y denunciar la conformación de una alianza conspirativa entre el bloque evista, Comunidad Ciudadana y Creemos para realizar un golpe de Estado.

En Bolivia, la asociación que existe entre “desestabilización” y “golpismo” es irreflexiva y mecánica. No faltan voces sin credenciales democráticos que desearían tumbar al Gobierno y producir una ruptura del ordenamiento constitucional. Eso no es nuevo, ocurrió en su “modalidad blanda” con el desconocimiento del referéndum del 21F, cuyas consecuencias políticas no terminan de aquilatarse autocríticamente en la dirigencia del MAS.

Que quede claro, una cosa es desear acortar el mandato constitucional de presidente, alcaldes o gobernadores y otra, muy distinta, es que sea correcto hacerlo. Por ahora no hay condiciones de la magnitud de la crisis vivida entre 2016 y 2019 para un quiebre y, si las hubiera, vengan de donde vengan, serían tentaciones poco amigas de las salidas democráticas.

En esta línea, no es correcta la premisa de que un Gobierno sin mayoría parlamentaria y aceleradamente acorralado en las calles y carreteras está condenado a acortar su mandato. Una correlación de fuerzas adversa debiera obligar a los gobiernos a cambiar la paranoia discursiva por el esfuerzo de encontrar mecanismos institucionales y acuerdos de buena fe. Este última es un bien intangible tan escaso como los dólares. Un acuerdo pasa por dejar de acusar al bando contrario de “derechistas” o “traidores” y dedicarse a concertar agendas legislativas y de política pública imprescindibles; pero el “arcismo” se aferra al Tribunal Constitucional como único salvavidas mientras observa la caída lenta e inexorable de su apoyo, tal como sugiere el último informe de la empresa Diagnosis.

El reciente acercamiento y acuerdo del Gobierno con empresarios, parcialmente efectivo para desactivar el pánico respecto a la falta de dólares, corre el riesgo de quedarse solo para la foto y la propaganda del momento. No debiera ser el primero ni el ultimo acercamiento a actores económicos, sociales y políticos. Insisto, se ha perdido demasiado tiempo en acordar medidas con un sector económico tan importante como el empresariado. Curiosamente, en la otra vereda, ultraliberales y el mismo Evo aconsejan a las autoridades evaluar la disminución del subsidio a los combustibles. Arce sabe que hacerlo activaría el caos y el descontrol pese a la urgencia de enfrentar estos temas política y económicamente sensibles.

La sensación de que en el país pasa mucho y no pasa nada alimenta no solo la conflictividad sino la percepción de estancamiento y la falta de futuro. Con un MAS dividido y un Gobierno debilitado, me sumo a la opinión del 60% de entrevistados que, según Diagnosis, rechaza un eventual acortamiento de mandato.

De ocurrir, sería el quinto caso en 41 años de accidentada vida democrática. En primer lugar registramos la anticipada salida del presidente Hernán Siles Zuazo (1985); la renuncia forzada de Gonzalo Sánchez de Lozada (2003); y la de Carlos Mesa (2005); finalmente se registró la de Morales (2019), con toda la deriva que profundizó los desencuentros entre bolivianos.

Queda la esperanza de que las nuevas generaciones, menos polarizadas y revanchistas, eviten el retorno de un ciclo dictatorial y autoritario plurimulti y multisigno como el que se avizora en el país, la región y el mundo.