El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló este lunes que si se sigue insistiendo y se cumple el deseo de los expresidentes y jefes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y Comunidad Ciudadana (CC), Evo Morales y Carlos Mesas, respectivamente, de cerrar los tribunales del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) lo que se logrará es que feminicidas, violadores y gente que ya tiene condena quede libre.

“Si nosotros seguimos insistiendo en cerrar los tribunales de Sucre, lo que vamos a lograr es que feminicidas, violadores y gente que ya tiene condena quede libre, porque esa suspensión de plazos (procesales) va a ser que en la Justicia, en su etapa final, no (se) pueda dictar decisiones. Esa es la gravedad de la propuesta que nos están haciendo desde la Asamblea Legislativa”.

Añadió que “hay un caso de un feminicidio en Santa Cruz. El feminicida hizo desaparecer el cuerpo de su esposa (y) que ya tenía 30 años de condena sin derecho a indulto. Lo han liberado y lo han mandado a su casa con detención domiciliaria la semana pasada. Es un tema muy grave, si se cumpliera el deseo de Evo (Morales) y (Carlos) Mesa de cerrar los tribunales, no pudiéramos corregir este tipo de situación”.

Agregó que como Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), dependiente del Ministerio de Justicia, se ha pedido al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que dicte una resolución y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que corrija esta situación, pero que “si no estuvieran en funcionamiento estos tribunales, este señor se quedaría en su casa”.

Legisladores de CC y el MAS evista piden que en la reinstalación de la sesión de la Cámara de Diputados se trate primero los proyectos de ley 073 sobre la suspensión de plazos procesales y la 075 referido a la cesación de sus funciones a los actuales magistrados, antes de los proyectos referidos al financiamiento externo por al menos $us 850 millones. 

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Lima indicó que la 073 consiste en suspender los plazos procesales en todos los juicios que están “actualmente” en Sucre ante los tribunales de justicia. “En términos establecidos en el proyecto de ley. Define la suspensión de plazos y que los expedientes pasen a los secretarios generales de esas instituciones y (se) queden esperando (a) que los nuevos magistrados y consejeros resuelvan esos casos”.

Añadió que este proyecto de ley genera un problema de fondo, porque esa disposición estaba incluida en el proyecto de ley 144 de las elecciones judiciales, en la disposición sexta y esta decía “se suspenden los plazos hasta que vengan las nuevas autoridades”. “El Tribunal (Constitucional) habló y dijo que esa disposición es inconstitucional, por lo tanto, esa declaración de inconstitucionalidad abarca al proyecto de ley 144 y a la 073. La 073 no debe tratarse porque es inconstitucional”.

En el caso del proyecto 075, el ministro de Justicia justificó que ese proyecto fue aprobado en agosto de 2023 por la Cámara de Senadores y bajó a la Comisión de Constitución de Diputados para su tratamiento.

En su contenido “deja sin efecto la declaración constitucional 049/2023 en cuanto a la disposición cuarta. Qué es esa disposición cuarta, la prórroga. Esa norma dijo el Tribunal Constitucional que hasta que no llegue mi remplazante elegido por dos tercios y por el voto, yo me quedo. El parlamento la está declarando nula de pleno derecho y está diciendo en su contenido que queda sin efecto legal esa determinación del Tribunal. Puedes por ley dejar sin efecto una decisión del Tribunal Constitucional y la respuesta es no”, sentenció.