La democracia es un bien preciado en la vida de los pueblos porque con ella, en teoría, se deben lograr mejores niveles de vida para los ciudadanos, en un contexto de paz social y consenso político, donde las mayorías respetan las posiciones e intereses de las minorías y se construye una sociedad cada vez más incluyente. En democracia, las instituciones estatales son conformadas en base a meritocracia y se busca que puedan ser cada vez más eficientes y eficaces en la satisfacción de las necesidades y urgencias de la población y donde las leyes son construidas en base a consensos y las instituciones de justicia imparten la legalidad sin cuestionamientos.

Esa fue más o menos la visión de país que se fue consolidando desde mediados de los años 80 hasta fines de los 90. La severa crisis económica de la UDP ocasionó cambios en la vida nacional con graves consecuencias sociales y políticas. Así, a mediados de los 80 irrumpió con fuerza un movimiento político conformado por mineros relocalizados, que se sumaron a los “colonizadores de tierras” en zonas bajas del centro del país, especialmente del trópico de Cochabamba, quienes no vieron mejor forma de supervivencia que el cultivo de hojas de coca; su previa formación política en las minas les permitió una rápida organización sindical para defender tales plantíos, declarados ilegales por las autoridades. Surgió entonces el liderazgo de Evo Morales, sembrado de sospechas acerca de su financiamiento y se dio un período de lucha entre ese sector casi al margen de la ley y las fuerzas del orden, que conllevó muchas víctimas de ambos lados. 

La intransigencia de la lucha cocalera, sumada a las torpezas políticas de los gobernantes de entonces, permitieron que dicho movimiento sindical cocalero diezmara al país y al mismo tiempo se convierta en un movimiento político con objetivos claros: destruir esa democracia que les era perjudicial y la toma del poder a nombre de los marginados. Para ello, tuvieron que expandirse a nivel nacional y generar una división social que les fuera favorable a la hora de los votos. Y lo lograron.

De ese modo, a partir del primer Gobierno del MAS en 2006, la democracia boliviana, en la versión multipartidaria que se conocía fue denostada y despreciada; el objetivo inmediato era demoler esas estructuras republicanas tan perjudiciales para los fines políticos ya encumbrados en el poder. Debían desmantelarse los pilares de la “democracia neoliberal” paso a paso, primero fue la imposición de una Asamblea Constituyente que se bosquejó como una forma de modernizar las estructuras del estado boliviano, promoviendo formas de resarcimiento histórico e inclusión a la vida política de sectores marginados de la vida nacional; luego fue la creación de un nuevo estado plurinacional, basada en la ficticia existencia de 36 nacionalidades, para finalmente imponer, con un buen asesoramiento de destacados intelectuales y operadores políticos del Foro de Sao Paulo, un modelo de país fracturado con una especie de dictadura de masas bajo un guion continental incluido en el denominado socialismo del siglo XXI.

Lo demás ya es historia conocida, el señalado nuevo Estado creó su simbología, hasta inventó sus feriados y generó una curiosa estructura de país basado en un estatismo a ultranza, pero sobre cimientos económicos neoliberales. El andamiaje gubernativo fue cooptado en base a padrinazgo y prebendalismo político, el aparato burocrático estatal creció desproporcionadamente y se insistió de forma testaruda con modelos económicos de mediados del siglo XX obsoletos para estos nuevos tiempos. Todo eso nos llevó hasta tener los grandes déficits económicos de los cuales se lamenta el gobierno actual.

Tal proceso de desmantelamiento de las antiguas estructuras de la democracia republicana, denominada de forma despectiva como “democracia pactada”, llevó al país a una crisis estructural cuyos nefastos resultados se están manifestando en estos días de crisis generalizada del denominado estado plurinacional, el modelo de país impuesto en 2009 está sucumbiendo. Al darse este proceso de derrumbe estructural están colapsando las instituciones y la prueba más clara es el lamentable sometimiento de la justicia al poder ejecutivo, generando una constante y persistente violación de sus obligaciones constitucionales por parte de los actuales actores políticos.

Nada de esta crisis es casual. A fuerza de presión y copamiento, instrumentalizado desde el primer Gobierno de Evo Morales, el Órgano Ejecutivo se hizo con el control de los demás Órganos del estado: el Legislativo, el Judicial y el Electoral bajo el yugo de un grupo de fanáticos socialistas empeñados en destruirlo todo. Así, Morales y ahora Arce, se acostumbraron a tener el país bajo control absoluto y el país en su conjunto se los permitió: mientras los militantes del MAS llevaban a cabo su venganza social, los partidos de oposición minimizados escondieron la cabeza para no caer en la avalancha de descabezamiento político social que se llevó adelante, al mejor estilo de la conocida “noche de los cuchillos largos” llevada a cabo por los nazis contra sus enemigos políticos en Alemania allá por el año 1934. Ser señalado como neoliberal para muchos políticos era como su sentencia de muerte civil.

Hoy el país entero reclama reparar las estructuras democráticas y reconstruir la economía nacional. Nada de esto será posible sobre las bases impuestas por el plurinacionalismo y se equivocan quienes creen en que una recomposición es posible cuando todo nació mal hecho. Dice el refrán que lo que mal empieza mal acaba y eso es lo que está sucediendo con el MAS en el poder. Los ideales de “gobierno del pueblo” respetando las diferencias o “gobernar obedeciendo al pueblo” quedaron en meros enunciados, cuando vemos que los representantes popularmente elegidos son inmediatamente absorbidos por la maquinaria prebendalista y puestos a las órdenes de quienes se consideran dueños del poder, ese poder corporativo, hoy de dos cabezas, que está asfixiando al país.

¿Y si ahora revisamos brevemente lo que es una dictadura? El tratadista mexicano Herminio S. de la Barquera, señala que: “Una dictadura es un tipo de régimen, esto es, una forma de llegar al poder, de ejercerlo y de no dejarlo. Por eso es lo opuesto a la democracia, ya que no se trata de un “Gobierno del pueblo”. Esto significa que, en una dictadura, el poder de gobernar descansa en manos de una sola persona, un pequeño grupo como el Ejército, un partido político o una organización, además de que los ciudadanos tienen derechos democráticos muy limitados o nulos. A diferencia de los sistemas democráticos, no hay separación de poderes, es decir, hay control de los gobernantes por parte del poder legislativo y de los tribunales…”.

Esa descripción se parece mucho a la realidad actual del país.

Podemos concluir, por tanto, en que la calidad de nuestra democracia está en terapia intensiva y sólo el hecho de asistir a las urnas no nos garantiza su plena revalidación como un bien intangible básico para la buena convivencia de nuestra sociedad. La responsabilidad de los actores políticos de oposición es muy grande para reformar, o por lo menos recuperar estándares democráticos mínimos que nos aseguren bienestar y sana convivencia sin violencia política.

Carlos Alarcón Escobar es economista y diplomático.