Las acciones antidemocráticas están escalando de manera preocupante en el país. Ayer se atentó contra la independencia del primer poder del Estado: el Legislativo. La acción fue encarada por grupos afines al presidente Luis Arce, así como por funcionarios públicos de la Asamblea Legislativa y fue vista de palco por autoridades que no enviaron la seguridad que se necesitaba. Si los bolivianos vieron con estupor lo que ocurrió en la explanada de Planalto en Brasilia o la toma del Capitolio en Washington, sabrán que hoy pasó algo muy parecido en La Paz, Bolivia.

Grupos afines al ‘arcismo’ masista llegaron a la Asamblea Legislativa. Primero la cercaron, se crucificaron y un día después ingresaron a la fuerza. Intentaron encadenar las puertas para impedir que salgan los asambleístas hasta que aprueben ocho créditos que están trabados porque no hay acuerdo entre oficialistas (que están urgidos por el dinero de los préstamos) y opositores (que no están dispuestos a dar luz verde hasta que no se suspenda la prórroga de mandato de las altas autoridades del Poder Judicial). Es un diálogo de sordos que se inició con la decisión arbitraria y abusiva de los magistrados de la justicia de mantenerse en sus cargos de manera indefinida, más allá del plazo que la Constitución Política del Estado establece.

Pasan más de dos meses en este tire y afloje. La pugna paralizó al Legislativo, que no avanza con otras normas. De los gritos, insultos y la ausencia de acuerdos, los legisladores pasaron a los golpes físicos. Vergonzosas fueron las sesiones del viernes y la de anoche. Un grupo de legisladores ha tomado la testera para evitar la aprobación de créditos sin dar fin a la autoprórroga. Hasta ahí era evidente la falta de vocación democrática, la ausencia de respeto al disenso y la posibilidad de acuerdos.

Pero lo que es preocupante es que dirigentes hubieran dado directrices para que grupos de ciudadanos organizados (o grupos de choque) se atrevan a invadir el Poder Legislativo y mellar la institucionalidad. En Estados Unidos y en Brasil hay procesos judiciales abiertos contra la gente que se atrevió a tanto, mientras que los instigadores son juzgados por la ciudadanía y por la justicia de sus países.

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari dijo que se pretendía dar un golpe de Estado para sacarlo del cargo. Sabrá él si es así o no. Lo que sí queda claro es que lo ocurrido es un atentado a la democracia que no debería quedar impune. Si los asambleístas son buenos representantes o no es un asunto aparte, lo cierto es que fueron elegidos por voto soberano de los bolivianos y no pueden ser vulnerados porque a un grupo sindical, vecinal o político se le ocurra.

La Constitución Política del Estado es clara en el artículo 7 cuando dice: “La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible”. Y más adelante indica que los bolivianos eligen a sus representantes (entre ellos los asambleístas legislativos) y que la democracia directa se ejerce mediante referéndum, iniciativa legislativa ciudadana, asamblea, cabildo y consulta previa. “Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley”. De ninguna manera es legal ni constitucional la invasión de grupos de choque al edificio de un poder del Estado.

Lo que Bolivia está viviendo es consecuencia del abuso de los magistrados que se autoprorrogaron ilegalmente con el respaldo del Poder Ejecutivo y sus afines. Si se sabe cuál fue la puerta de entrada al conflicto, es evidente que la salida es corregir aquello que está mal. Por lo demás, no es justo ni correcto que se obstruya la aprobación de créditos en un momento muy delicado para la economía. Pero, antes que nada, es urgente restablecer la democracia, el respeto y la conducción del país por vías civilizadas, dejando a un lado la barbarie a la que se atreven los grupos de choque.