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Medio: Correo del Sur
Fecha de la publicación: jueves 29 de febrero de 2024
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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El ministro de Justicia, Iván Lima, defendió la prórroga de los actuales magistrados y afirmó que el país necesita que la justicia “siga funcionado” a fin de no dejar en la indefensión a la población. En ese sentido, acusó a los impulsores de los proyectos de ley 073 y 075 de suspensión de plazos procesales y cese de funciones de los magistrados prorrogados de únicamente buscar, con esas normas, “desestabilizar” y “forzar” actos “inconstitucionales”.
“Quienes insisten en los PL 073 y 075 sólo buscan desestabilizar, desinstitucionalizar y forzar situaciones inconstitucionales. ¿Por qué este tema es tan importante para la población? La semana pasada, una juez de Santa Cruz benefició con medidas alternativas al feminicida de la señora N.V., cuyo cuerpo no aparece desde 2019; la persona sentenciada a 30 años de privación de libertad y sin derecho a indulto fue enviada a su casa, pese a los mecanismos establecidos en 2022 por el Estado para garantizar justicia a las víctimas”, argumentó el Ministro en un texto en su cuenta de X, anteriormente Twitter.
“Si no estuvieran funcionando el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional, casos como este quedarían en total impunidad, ya que no habría quien revise esa decisión judicial, que raya en el delito de prevaricato, y personas sentenciadas quedarían libres en su casa hasta que se desarrollen las elecciones judiciales”, complementó.
Ese caso “se pudo reconducir oportunamente”, agregó Lima, pero preguntó cuántos casos parecidos no se resolverían del mismo modo si se cesaran a los magistrados prorrogados. “¿Cuántos feminicidas, violadores y asesinos van a terminar saliendo de las cárceles por este capricho de Evo Morales y Carlos Mesa de cerrar los tribunales?”, criticó.
“Es un tema muy grave, necesitamos que siga funcionando la justicia”, insistió el Ministro.
La oposición y el ‘evismo’ en el Legislativo defienden que la prórroga de los magistrados es inconstitucional y que el Gobierno pretende mantenerlos en funciones únicamente por intereses políticos y electorales.



