El último reporte de Transparencia Internacional sobre la Percepción de la Corrupción hace énfasis en la falta de independencia del Poder Judicial en la región como uno de los principales problemas que frenan el combate a la corrupción. Este indicador, que se publica en enero de cada año, no ha hecho más que reforzar las observaciones al desempeño de la justicia en Bolivia, cuya efectividad está permanentemente en tela de juicio a causa de una evidente crisis generada: lentitud en los procesos, dificultades de acceso de la población al sistema judicial, corrupción e innegable presión política sobre jueces y magistrados son sus mayores síntomas.

La crisis no ha podido ser superada con la introducción, en la Constitución Política del Estado de 2009, del sistema de elección por voto popular de las principales autoridades del Órgano Judicial: magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Supremo de Justicia y consejeros de la Magistratura.

Los antecedentes previos de los comicios judiciales convocados en el país en 2011 y 2017, no han hecho más que generar dudas y mayor desconfianza por la forma en la que el Movimiento Al Socialismo (MAS) concretó la selección de postulantes, sobre la base de su mayoría aplastante en la Asamblea Legislativa, tamiz de los listados de postulantes.

Aún por encima de las observaciones y críticas académicas y de la ciudadanía en general, dichas elecciones se desarrollaron, para peor, con paupérrimos resultados, en los que los magistrados fueron ungidos habiendo sido apabullados por los votos blancos y nulos. De allí la desconfianza y el repudio popular a este tipo de elecciones que, en definitiva, relegó la meritocracia.   

Así llegamos a las elecciones judiciales proyectadas para fines de 2023, las que no se concretaron, sencillamente, porque el MAS en el Legislativo no estaba cohesionado y respondía a dos cabezas políticas. Es decir que la pulseta política solo ayudó a comprobar que los disciplinados procesos electorales judiciales, hasta ahora conocidos, solo vieron la luz merced a ordenadas estrategias políticas y a la injerencia de toda la vida. Hace décadas que, salvo unas pocas y honrosas excepciones, la justicia boliviana se rige por los dictámenes de autoridades con padrinazgo político.

Una declaratoria constitucional de prórroga de magistrados, ante un inminente vacío de poder, y un salvaje bloqueo de dos semanas por parte de una facción del MAS —que supuestamente demandaba elecciones judiciales para salvar la democracia y la institucionalidad— solo aumentaron la percepción negativa que la población tiene del Órgano Judicial y de su consabido proceso electoral, ahora, encaminado.

Más por presión que por voluntad, la Asamblea Legislativa ha parido una nueva ley de convocatoria a elecciones que define un horizonte de 230 días para contar con nuevas autoridades judiciales. El proceso de preselección de candidatos lleva apenas un par de días y, desde este espacio editorial, hacemos votos por que los postulantes que vayan a la elección ciudadana reúnan los méritos suficientes para ocupar los más altos cargos de la justicia nacional.

Se abre, una vez más, la posibilidad de que los aspirantes finalmente seleccionados sean probos e idóneos. Que aquellos que se inscriban en esta carrera electoral no necesiten del favor político para llegar a ser magistrados o consejeros, solo su capacidad respaldada en su currículum.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) el puntaje más alto que tuvo Bolivia en la última década fueron los 35 puntos registrados en 2014; el año pasado repitió la puntuación más baja, de 29, obtenida en 2018. El IPC de 2023 señala que los países vistos como los más limpios del continente son Canadá y Uruguay, mientras que los percibidos como más corruptos: Bolivia, Venezuela, Haití y Nicaragua.

Estamos a tiempo de dar muestras de que se puede superar la crisis judicial. La etapa de preselección de postulantes y el proceso electoral, en sí, están a prueba. (R)