“Una ley no puede declarar la nulidad de pleno derecho de una declaración constitucional e insistir en esa vía genera responsabilidad de los asambleístas”, remarcó este lunes el ministro de Justicia, Iván Lima, al volver a defender la prórroga de mandato de los magistrados del Órgano Judicial.

Añadió que “es necesario un debate jurídico sobre la disposición cuarta de la Declaración Constitucional 49/2023 y los Proyectos de Ley 73/2023-2024 y 75/2023-2024”, que indican la suspensión de plazos procesales y continuidad jurisdiccional del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional, además de restablecer la plena vigencia de algunos artículos de la CPE.

Lima remarca que la ampliación de mandato de los magistrados del TCP, “hasta que sean remplazados por otros magistrados elegidos por voto popular, es la única vía posible bajo la Constitución Política del Estado”, apuntó la autoridad a través de la red social X, en donde compartió un artículo de opinión publicado en Oxígeno.

“Lo que quiero analizar es el efecto del conflicto entre una ley y una Declaración Constitucional en abstracto”, apuntó la autoridad.

“El cumplimiento de las Decisiones del TCP se regula por los artículos 17 y 18 de la Ley 254, que determina la obligación del TCP de adoptar todas las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de sus decisiones y le obliga a seguir las acciones civiles y penales derivadas del incumplimiento de sus decisiones contra diputados y senadores que tramiten esa ley”, expuso.

Según Lima, “contrariamente, una vez publicada una ley”, la misma puede ser objeto de control de constitucionalidad y puede ser dejada sin efecto legal y expulsada del ordenamiento jurídico por parte del TCP.