El expresidente Evo Morales pretende “construir una posibilidad electoral” atacando al gobierno de Luis Arce y la gobernabilidad, en una actitud de “fijación y obsesión por el poder político”, que contrasta con la percepción negativa que la sociedad tiene sobre su actitud y su tiempo político que ya no es el que sociedad espera, afirmó el portavoz presidencial Jorge Richter.

“Lo que está buscando (Morales) es atacar a la gestión económica, la gestión social, la tranquilidad y la gobernabilidad del país, para construir una posibilidad electoral que hoy en día el Tribunal Constitucional le ha señalado de que no va a ser posible”, explicó en un análisis sobre el accionar de Morales en su intento por posicionar una candidatura.

Un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, en línea con la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), estableció que la reelección indefinida no es un derecho humano, lo que afecta los intereses electorales de Morales, que se declaró candidato presidencial.

Desde el propio Gobierno se atribuyó el interés de afines a Morales de exigir la renuncia de los prorrogados magistrados del Órgano Judicial y del control constitucional, por falta de elección de nuevas autoridades, a una estrategia de generar oportunidades políticas para designar a nuevas autoridades con la intensión de revertir el fallo que le es adverso.

Richter afirmó que la instrumentalización que hace el expresidente de algunos dirigentes para atacar al gobierno de Luis Arce es parte de toda esta maniobra de posicionar una postulación.

“Es la instructiva y la línea directa del expresidente Morales, que hace decir a unos y a otros lo que él políticamente necesita. Hace decir lo que él, lo repito, políticamente necesita”, afirmó en alusión a las declaraciones de dirigentes afines al expresidente de ataque a la actual administración.

Morales estuvo cerca de 14 años en el poder. En 2016 un referéndum le negó la posibilidad de volverse a postular, pero sus afines recurrieron a una demanda constitucional y lograron que se declare la repostulación indefinida como un derecho humano. En 2019 postuló, pero denuncias de fraude derivaron en una crisis que acabó con su dimisión.

“La no flexibilidad de esta exautoridad, el no comprender que su tiempo se ha ido alejando de lo que esta sociedad, producto del mismo proceso de cambio, quiere hoy en día, y de lo que necesitamos ser como Estado, lo está llevando a que los estudios de investigación en opinión pública lo sitúen en cerca del 80% lo negativo”, reveló.