Más propiamente, es preciso que en la Constitución Política de un país se reconozca que nadie debe ser considerado culpable de haber cometido un delito ni ser penalizado, a no ser que tenga sentencia de un tribunal y, que, al mismo tiempo, tal determinación sea de acuerdo con la ley. De esa norma nacen los fundamentos esenciales de la justicia de un país. En caso contrario, el asunto no merecería consideración.
Una de esas normas es que es que la justicia únicamente la administran los tribunales y ningún otro organismo puede considerar a una persona culpable de haber cometido un delito y menos penalizarla. Otro principio fundamental consiste en la presunción de inocencia, considerando al procesado como inocente, mientras su delito no esté probado según los procedimientos establecidos por el ordenamiento legal.
Esas apreciaciones están a prueba de la práctica en Bolivia y hasta se considera que la justicia no funciona bien y hasta se afirma que “no existe justicia”. Las mismas altas autoridades del tolderío político gobernante lo reconocieron paladinamente varias veces, durante los pasados quince años.
Un problema sustancial se encuentra en la elección de jueces, desde el más alto nivel hasta el más bajo del sistema administrativo. Y ahora nuevamente se hace visible el embrollo, con motivo de seleccionar y señalar a quienes serán los candidatos a magistrados en elecciones populares, sistema que fracasó rotundamente en años anteriores y que ahora se lo trata de repetir, como si no hubiese existido la experiencia pasada.
En dicha elección de magistrados no se toma en cuenta la aplicación de la práctica. Se desconoce que en la historia judicial mundial contemporánea, en sus aspectos principales existieron grandes experiencias en ese sentido: en el régimen monárquico absolutista, el rey elegía a los magistrados; en el régimen republicano, los magistrados eran designados por un gabinete presidencial y, en naciones avanzadas por un sistema democrático a partir de órganos de dirección, el ascenso hasta el máximo nivel es sobre la base de méritos académicos.
Sin embargo, en Bolivia se inventó la elección de magistrados por voto popular, forma desconocida en todo el mundo, la misma que demostró graves deficiencias en el pasado reciente y fue rechazada por la mayoría de la población. Por ello, la experiencia práctica dirá la última palabra.