La declaratoria del bloqueo nacional de caminos, a raíz de la crisis judicial, el pasado 22 de enero, coincidió con los 15 años del Estado Plurinacional y, en consecuencia, parte del mensaje de los bloqueadores fue expresar su distanciamiento con el 22 de enero y cuyo festejo tocaba al presidente Luis Arce. Este hecho y sus graves consecuencias marcan la irreversible fractura política al interior del MAS, una profunda crisis política e institucional en la Asamblea Legislativa Plurinacional y un enfrentamiento entre los Órganos Legislativo y Judicial.

El MAS evista, a través de la movilización de cocaleros y comunidades campesinas ubicadas en lugares estratégicos de la ruta troncal (La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz), con epicentro en el Departamento de Cochabamba, dispuso el bloqueo nacional en protesta por la falta de aprobación legislativa de la ley de convocatoria a elecciones judiciales y la auto prórroga en el Órgano Judicial que, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con la DCP 049/23, establece la permanencia de las autoridades en tanto se realicen las elecciones.

El bloqueo nacional de caminos es una medida histórica, campesino – rural, de lucha contra un gobierno al que decide derrotar con una acción extrema, sacrificada y de efecto demoledor sobre la estabilidad estatal al paralizar la carretera troncal del país. La contra cara de semejante medida son los enormes daños sobre las actividades de miles de personas en lo económico, social y productivo y que llega al desabastecimiento de alimentos de primera necesidad en las principales ciudades o de combustible a lo largo y ancho del país. Son tan graves las consecuencias y dificultades de un bloqueo nacional de caminos que, éste último, solo se suspendió, luego de 16 días, in extremis, ante la inminencia del Carnaval de Oruro (las bandas de música tocaban en la Av. Cívica y en Parotani la gente empezaba a desmovilizarse).

Lo grave, peligroso y sintomático es que este bloqueo persistió a pesar de que el 2 de febrero se firmó un Acta en el Legislativo (ALP) entre todas las fuerzas políticas (acordando resolver los Proyectos 144, 073, 075 y los financiamientos para los proyectos regionales) y que, el 6 de febrero, se aprobó la Ley N° 1549 de Convocatoria a las elecciones judiciales. Entonces nos preguntamos ¿Aprobaron en 5 días la Ley que no pudieron aprobar en meses? No fue casualidad, todos (oficialismo y opositores de un lado y del otro) estuvieron de acuerdo en no convocar las elecciones judiciales hasta que acaben los mandatos con el último mes del 2023, cada uno detrás de sus propios cálculos políticos. La trifulca y el enfrentamiento que, azorados, vimos estos días, en la testera de la Cámara de Diputados, es consecuencia de que en la primera ronda post bloqueo solo ganó el gobierno, al límite del 2023, la SCP 1010/2023 inhabilitó la candidatura de Evo Morales y este febrero se aprobó la Ley de Convocatoria a elecciones judiciales. El evismo no consiguió más que decir que ese aprobó la Ley por el bloqueó que organizó, aunque éste persistió luego de aprobarse la ley y ahora solo espera descabezar los tribunales de justicia, en particular el TCP, porque ahí, en definitiva, se dirimirá su inhabilitación; el resto fue cosechar el repudio ciudadano por los perjuicios de las más de dos semanas de bloqueo. Para CC y Creemos, internamente divididos, el cálculo es quitar al gobierno el control judicial y que el enfrentamiento masista se profundice cesando a las autoridades judiciales y, cosechando doble, al ahondar la crisis política e institucional.

En cuanto a la prórroga, urge dimensionarla correctamente y sacarla del limbo moral o las rasgadas de vestidura constitucional. Lo central sobre la interpretación del TCP es político y eso es absolutamente normal porque lo jurídico tiene un vértice directamente relacionado con la política, acá y en cualquier país o continente. Para entender esto, un breve recuento de la interacción entre este Tribunal y la política en situaciones de crisis política. 1) La Declaración 003/01 21/Julio/ 2001 que permitió la asunción “ipso facto” a la presidencia de Tuto Quiroga; antecedente que también fue referido por Jeanine Añez para hacerse cargo del gobierno ilegalmente y luego reconocido por un “comunicado” del TCP; 2) La Sentencia del 2014 que habilitó a Evo Morales en contra de la Disposición Transitoria II (ii) de la actual Constitución que exigía computar los periodos de gobierno anteriores; 3) La Sentencia Constitucional que se inventó el derecho humano a la reelección. En fin, nada nuevo bajo el sol, pero esta es la realidad de la relación política entre los gobiernos y los altos tribunales constitucionales. No es complicado entender, España, en 5 años, no puede renovar sus altos cargos judiciales porque los dos partidos mayoritarios disputan el control de los tribunales o, en el caso norteamericano, Trump litiga su candidatura con cómoda ventaja en la Corte Suprema porque durante su gobierno introdujo tres magistrados conservadores, etcétera.

En cuanto a las proyecciones de la grave crisis política que acompaña estos acontecimientos, no podemos menos que preocuparnos porque todavía habrá de escalar y sus dimensiones está poniendo en jaque nuestra democracia y su precaria institucionalidad. Para empezar, falta dilucidar la correlación de fuerzas entre los partidarios del MAS de donde salgan las candidaturas que luego serán objeto de las disputas institucionales y judiciales hasta que finalmente se sepa si Morales o Arce será el candidato. El resultado del enfrentamiento será un debilitamiento de las dos fracciones oficialistas y consiguientemente la urgencia de la apertura frentista y, sobre todo, de convocatoria a sectores corporativos que empezaran a hacer sentir su peso en la representación y a pedir protagonismo. En cuanto a la oposición formal o externa, queda un largo camino para buscar un mínimo de organicidad y coherencia, porque sigue pagando haber acompañado la desgraciada aventura del gobierno de Añez, aunque lo más notorio es que no puede asimilar y menos reposicionarse frente a las casi dos décadas del proceso de cambio. Hay en curso procesos de renovación, en particular es alentador lo que sucede con la Gobernación de Santa Cruz y el propio civismo cruceño que abandonaron el estéril modelo político de la confrontación y el griterio. Santa Cruz, como departamento y pilar de la economía nacional tiene que ser parte del próximo pacto gubernativo y la Bolivia del Bicentenario, y eso pasa por un acuerdo económico productivo de gran escala.

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En fin, es el momento de reflexionar a fondo, aun al borde del precipicio y con tantos agoreros apostando al desastre, incluido ese ministro que se soñó con otro referéndum y lo dice porque se le ocurrió. Mal que mal, estamos lejos de las crisis argentina, ecuatoriana, peruana o chilena, solo para referir a lo inmediato, porque allende los mares lo que hay son guerras. Bolivia sigue siendo un país con un enorme potencial productivo, social y cultural y que en algo más de cuatro décadas ha transitado, con dos décadas por periodo, por los dos modelos político económicos antagónicos y vigentes, dónde lo que falta es una síntesis y que solo puede salir de un acuerdo histórico que se fundamente en lo básico común: Pactar que las diferencias políticas las resolvemos con votos, que si hay que corregir el lastre del prorroguismo copiemos el modelo mexicano, único gobierno de 6 años y nunca más; mejor los sistemas de representación, todos queremos políticos que nos representen mejor; eliminar este sistema de aparente elección de jueces que solo ha sofisticado el cuoteo y encarecido el gasto público; remodelemos el estado, no puede ser que sigamos bajo la ley SAFCO de 1991 o la ley presupuestaria de 1999 o que la principal expectativa social sea tener un empleo público, etcétera. Por lo demás, enfrentar la corrupción y el narcotráfico requiere de un verdadero pacto político, social y ciudadano. Hay urgencia de reponer la Ética en la política, la única legitimidad de la democracia se funda en la igualdad de derechos y oportunidades, porque el resto es demagogia.

En fin, urge pensar que hay una generalizada preocupación por la situación política y que ello lastra nuestra economía -esta incertidumbre que en diciembre del pasado año retiró más de 1.800 millones de dólares de depósitos privados- y que la inocultable crisis debe enfrentarse con sensatez política, madurez institucional y no pocos sacrificios individuales y colectivos. Esto que, felizmente, sigue siendo un importante capital de esperanza que los bolivianos nunca perdemos.

 (*)José de la Fuente Jería es abogado