¡Vientos de cambio reales se dejan sentir en Bolivia! Los constantes descubrimientos de actos de corrupción pública, el pernicioso control del Órgano Ejecutivo sobre las otras ramas del poder público –a imagen y semejanza de las dictaduras militares del pasado– y el uso arbitrario y dispendioso de los ingentes recursos públicos captados por el país en la última década son los factores que, entre otros, explican el origen de esos vientos.

Los últimos sondeos públicos de las preferencias electorales muestran que, en 2019, el candidato del MAS será derrotado en las próximas elecciones generales, quien quiera que él sea, incluido el insaciable Evo Morales; esto, siempre y cuando, las variopintas fuerzas de oposición logren unificarse detrás de un candidato de consenso y de un programa de gobierno realista, coherente, y con contenido social.

Detectada esta posibilidad, los voceros gubernamentales han iniciado una campaña destinada a amedrentar a los electores por la vía de convertir las políticas aplicadas por el presidente Macri, en Argentina, en amenazantes fantasmas antipopulares, que serían replicadas en Bolivia por el nuevo gobierno. Por ello y porque en verdad el proceso argentino muestra complejas aristas económicas y sociales, conviene prestar atención a dos enseñanzas de la difícil situación rioplatense.

Cuando el kirchnerismo fue desalojado del Gobierno, diciembre de 2015, la economía argentina se debatía en una crisis profunda, cuyos principales indicadores se resumían del siguiente modo: 30% de la población argentina por debajo de la línea de la pobreza, un lapidario déficit fiscal (2012: 3% del PIB, 2013: 3,9%, 2014: 5% y 2015: 7,2%) y una devastadora inflación (2012: 25,2%, 2013: 27,9%, 2014: 38,5% y 2015: 27,8%).

Un componente del déficit fiscal radicaba en los demagógicos e irracionales subsidios gubernamentales, especialmente a los servicios básicos, sector energético, transportes y algunos alimentos. La insolvencia fiscal derivó en la cesación de pagos de 2014 y el cierre del mercado de capitales para el Estado, es decir, el aislamiento.

Esa calamitosa situación y las esperanzas del pueblo argentino fue lo que heredó Macri. ¿Y qué hizo? Intentó corregir la situación con un programa de ajuste de tarifas débil y progresivo, carente, al parecer, de una concepción integral de las reformas que necesitaba y todavía exige la economía argentina. ¿Cuál el resultado? Logró disminuir el déficit fiscal (2016: 6,5% y 2017: 3,9% del PIB) pero descargando el peso mayor del ajuste sobre las espaldas de los sectores de menores ingresos.

La inflación se ubicó en 40,7% en 2016 y en 24,6% en 2017. Y, lo peor, la devaluación monetaria tendió a hacerse incontrolable, pasando de 13 pesos por dólar, a fines de 2015, a 30 pesos en nuestros días. El remedio terminó siendo tan duro como la enfermedad o peor.

¿Qué nos enseña esta dura experiencia? Dos cosas al menos: el nuevo gobierno boliviano debe contar con un plan económico integral que permita mantener la estabilidad macroeconómica y, al mismo tiempo, reconstruir los sectores productivos destruidos por el evismo, y darle un creativo contenido social a la política económica, evitando descargar los costos del ajuste en los sectores populares.

Segunda lección, la reciente experiencia argentina también nos enseña algo positivo: la independencia de los operadores de la justicia es un requisito imprescindible para implementar una creíble y efectiva lucha contra la corrupción pública. Hoy los jueces y fiscales argentinos vienen investigando y develando la extensa y multimillonaria red de corrupción organizada por los Kirchner durante sus 12 años de gobierno. Por lo investigado hasta ahora, las autoridades argentinas estiman que la familia gobernante despojó al Estado de centenares, quizás más de un millar, de millones de dólares. Hasta ayer, en sólo el caso destapado por los cuadernos de Óscar Centeno, 38 empresarios y jerarcas kirchneristas se encuentran procesados: 15 con detención preventiva y varios “arrepentidos” confirmando los crímenes.

Atentos a las similitudes y diferencias entre Bolivia y Argentina, queda claro lo que el nuevo gobierno boliviano no debe hacer: vaciar de contenido social su plan de gobierno. Y lo que sí debe hacer es respetar la independencia de los órganos jurisdiccionales, requisito para implementar una efectiva lucha contra la corrupción pública.

Carlos Böhrt I. es un ciudadano crítico.