El 21 de febrero de 2016 el país vivió una jornada inusual porque asistía a un referéndum para definir si el entonces presidente Evo Morales podía postularse como candidato para un cuarto mandato al frente del país. Sin embargo, la opción del No ganó por poco más de dos puntos, ya que obtuvo el 51,3% de los votos frente a un 48,7% del sí.

Morales aseguró poco antes de la consulta en que iba a respetar el resultado que arroje, incluso señaló a un periódico español que, si la respuesta era negativa, «me voy feliz y contento a mi chaco. Me encantaría ser dirigente deportivo». Una vez conocido el resultado, aseguró que respetaba los resultados del referendo y dejó en claro que, si bien el pueblo no quería una modificación de la Constitución, tampoco era un voto contra el proceso de cambio.

La aseveración iba a ser desechada al siguiente año. El Movimiento al Socialismo (MAS), presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra la limitante constitucional a los mandatos consecutivos. Es así como, en noviembre de 2017, el TCP determinó que el límite de dos períodos era una violación a los derechos humanos del mandatario y autorizó a Morales a una nueva postulación.

En diciembre de 2018, el Tribunal Supremo Electoral habilitó a Evo Morales y Álvaro García Linera para participar como candidatos del MAS en las elecciones primarias de enero de 2019. La dupla consiguió así la venia de ese órgano del Estado, para participar en las elecciones de octubre, ya que tuvo una victoria clara en las internas del oficialismo.

Sin embargo, en las elecciones generales en 2019, las denuncias de un fraude electoral desataron una crisis política sin precedentes. Si bien Morales fue declarado ganador, las protestas masivas en todo el país y una auditoría de la OEA que señaló que hubo irregularidades en el proceso, agudizaron la presión que terminó con la renuncia del exmandatario y su exilio en México y Argentina. El vacío de poder dio paso a la asunción de Jeanine Áñez.

El exmandatario debió definir así a un candidato de su partido para las nuevas elecciones que se registraron un año después. Luis Arce fue el elegido y se convirtió en presidente con el 55 por ciento de los votos. Morales retornó al país y se instaló en el Chapare, en principio tuvo injerencia directa en las decisiones gubernamentales; pero, poco a poco, el actual mandatario dejó de consultarle hasta llegar a una confrontación interna que terminó en el actual rompimiento.

En agosto de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) daba otra estocada al exmandatario, porque emitía la Opinión Consultiva 28/21, que decía a la letra que, “La reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana ni por el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos”.

Esta determinación fue la base para que el TCP emita la sentencia constitucional 1010/2023, en la establece que la reelección “no es un derecho humano” y, por tanto, puede ser restringida legalmente y anuló la sentencia aprobada por ese mismo tribunal en 2017, que permitió a Morales presentarse a la cuarta reelección. La determinación provocó la ira de los aliados del expresidente y el aplauso de la corriente liderada por Luis Arce.

Dos meses antes, Morales era proclamado candidato para las elecciones de 2025 por un congreso del MAS que luego fue anulado. Si bien el TSE determinó que se lleve a cabo un nuevo evento para elegir la nueva directiva del partido azul, el ala radical señaló que se cumplió con la ley y que no habrá una nueva elección; ratificó además a “Evo presidente 2025” pese a que tampoco se desarrollaron las elecciones primarias como manda la norma.

El argumento que ahora esgrimen los acólitos del expresidente es que la prohibición es por una segunda reelección continua, pero que, al haber un período intermedio, ya que Arce es el actual presidente, Morales está habilitado para participar en los comicios del próximo año. La afirmación está acompañada de advertencias de movilizaciones sociales para hacer respetar ese “derecho legítimo”. El afán por un nuevo mandato no cesa.