La agenda nacional ya está electoralizada, la lucha por el control del partido oficialista y la definición de su candidatura tiene entrampada la gestión de gobierno que ya se encamina hacia la finalización de su periodo constitucional y enfrenta como principal oponente al jefe de su mismo partido. Entretanto, la economía, que no se rige por los tiempos electorales sino por la realidad de la disposición de los recursos, afronta uno de los momentos más complejos desde que las reformas económicas que se ejecutaron a partir del Decreto Supremo 21060 dieron estabilidad económica al país.

El periodo del presidente Luis Arce finaliza el 8 de noviembre de 2025; desde esa fecha el Tribunal Supremo Electoral debe establecer un cronograma por el cual las próximas elecciones nacionales debieran realizarse alrededor de agosto de 2025, en su primera vuelta, y en octubre 2025, la eventual segunda vuelta. Antes de ello, durante el 2024, se deben realizar el Censo, las elecciones judiciales y la inscripción de los candidatos en cada partido para las elecciones primarias, que debieran realizarse hacia fines de 2024 o a principios de 2025.

En los próximos meses, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá lograr dos tercios para seleccionar los candidatos a las elecciones judiciales y aprobar la ley que garantice la ejecución de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda, con carácter previo a las próximas elecciones presidenciales, tanto en su impacto sobre la reasignación de los recursos públicos, como sobre la redistribución de la representación parlamentaria por departamento.

Un cronograma electoral endiablado, en el cual los principales actores políticos tenderán a priorizar sus intereses partidarios y sus cálculos electorales, frente a las necesidades urgentes de la economía nacional que necesita que se adopten medidas que permitan restablecer la confianza del ciudadano en la economía, lo cual pasa principalmente con resolver la crisis de la falta de dólares, como se escucha hoy en las noticias y en las conversaciones.

El problema de fondo es que el país necesita resolver problemas estructurales y, particularmente, aquellos que originan el déficit fiscal, lo cual exigen una serie de medidas, como revisar los subsidios vigentes y los déficits de empresas públicas. Entre estas medidas, el gran problema a resolver es el subsidio a los combustibles, el cual no solo ocasiona un agujero negro en las finanzas públicas, sino que termina transfiriendo las escazas divisas que se consiguen hacía los países vecinos, pues el contrabando se vuelve incontenible cuando el precio de la gasolina o el diésel en los países vecinos duplica al precio local.

Por otra parte, Bolivia necesita desesperadamente generar divisas mediante una combinación de incrementos en la producción de sectores que ya exportan y que se encuentran frenados por distintas normativas, además de dejar de obstaculizar el crecimiento de otros sectores como el de los call centers y el de desarrollo de software, que necesitan que se los considere exportaciones para ser competitivos en los mercados internacionales, mientras la norma boliviana continúa limitando el concepto de exportaciones a los bienes tangibles.

Las soluciones económicas que requiere con urgencia la economía boliviana, demandan un programa de reformas trascendentales en las políticas económicas, tanto para superar el déficit fiscal como para liberar las limitantes legales a la inversión privada, a los derechos de propiedad y a las exportaciones, para que todos aquellos sectores con capacidad de reacción puedan incrementar su producción y exportaciones, generando las divisas necesarias para tranquilizar las expectativas de la población y evitar que la escasez real y el nerviosismo ciudadano, continúen multiplicando el problema de la falta de acceso a los dólares.

Aquí viene nuevamente el gran obstáculo que constituyen la ideología oficialista y los cálculos electorales. Cómo tomar medidas responsables y racionales en medio de un proceso de primarias, que, en los hechos ya comenzó hace mucho tiempo, en los que se disputan los votos duros de cada sector y a los que no se los va a conquistar diciéndoles que el modelo ya no funciona y que se deben tomar medidas de sacrificio fiscal ciudadano para evitar que se continúe agravando los problemas económicos.

No es que esté de moda Milei, sino que al final del día la realidad económica siempre termina imponiéndose. Es el gran dilema de los próximos meses y alrededor del mismo se decidirá nuestro futuro económico, político y social.