La Paz, 19 de febrero de 2024 (ABI). – De aprobarse los proyectos de ley 073 y 075 en contra de la prórroga de mandato de altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), se sentará un nefasto precedente para “tirar (anular) sentencias”, advirtió este lunes viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico.

En el futuro, advirtió, el poder político podría recurrir a la misma estrategia para que, a través de una ley, anule una sentencia o una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que no le sea favorable.

“Ése es el nefasto precedente señor (Carlos) Alarcón (diputado de Comunidad Ciudadana) que le está queriendo poner a la justicia, que mañana el poder político haga una juntucha y le dé la gana de tirar las resoluciones o las sentencias que le dé la gana, y no le convenga”, insistió en una conferencia de prensa.

En la anterior gestión, el MAS tenía más de dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y con los discursos y lógica del evismo y la oposición en ese entonces se habría aprobado una ley para anular cualquier sentencia.

Instó a no cometer “ese grave error” y llevar al país a “una hecatombe sin sentido”.

Los proyectos de ley 073 y 075 fueron aprobados en diciembre de 2023 por los senadores que responden a Evo Morales y a las opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos, para revertir la Declaración Constitucional 0049/2023, a través de la cual el TCP dispuso la “prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades, fruto de la preselección desarrollada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y del proceso electoral llevado a cabo por el Órgano Electoral Plurinacional”.

Mientras el proyecto de ley 073 suspende “todos los plazos procesales”, la 075 deja sin efecto la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional y ordena el cese de funciones, a partir del 2 de enero de este año.

Como resultado del diálogo para garantizar las elecciones judiciales, propiciado por el vicepresidente David Choquehuanca, el MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos acordaron tratar ambos proyectos de ley, además de leyes económicas, entre el 5 y 9 de febrero, pero esto no se concretó por discrepancias en el orden de debate.

Para Torrico, los “evistas” y opositores no cumplirán el acuerdo y lo que queda es ajustarse a lo “real”, que es la Declaración Constitucional 0049/2023 y agilizar la preselección y posterior elección de los consejeros y magistrados del Órgano Judicial y del TCP.

“Encontremos salidas, lo más fácil es hacer lo más rápido la elección y cambiar de una vez de tribunos, eso es lo más rápido, lo más lógico, lo más constitucional, el resto, pónganse a pensar, yo vi (a muchos diputados opositores) decir que hay que cerrar y que se vayan a su casa (los magistrados), no es eso, ¿puede el poder político anteponerse a la ley porque le da la gana, puede?”, preguntó Torrico.

El proceso de preselección de candidatas y candidatos a magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, y de consejeras y consejeros del Consejo de la Magistratura inició el sábado con la publicación de la convocatoria, y este martes empezará la inscripción de postulaciones por un plazo de 20 días.

Para todo el proceso de preselección la Asamblea Legislativa, se tiene un plazo de hasta 80 días. El Tribunal Supremo Electoral tendrá 150 días para organizar la elección por voto.

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