Al referirse a la prórroga dictada por el Tribunal Constitucional, el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, señaló este lunes que el “poder político” no puede anular una sentencia constitucional con una ley, debido a que se dejaría un “nefasto” precedente para la Justicia.

“¿Es posible con una ley anular una sentencia o una resolución constitucional?, ¿es posible?, ¿qué ocurre con el nefasto precedente que van a dejar al país?, de que mañana una fuerza política haga algo inconstitucional e ilegal que sufra un control constitucional y (éste) emita una sentencia o una resolución constitucional donde le diga: señores esto es inconstitucional”, indicó.

“En vez que volvamos por nuestros pasos y reencaminemos la figura jurídica, resulta que una fuerza política que va a ser una mayoría ahí dentro (en la Asamblea), va a hacer una ley y va a anular la sentencia. Ese es el nefasto precedente que usted señor (Carlos) Alarcón (de CC), que usted está queriendo poner a la justicia, que mañana el poder político haga una juntucha y le dé la gana de hacer las resoluciones que le dé la gana o las sentencias que le dé la gana y no le convenga como gobierno”.

La autoridad dijo que una de las salidas ante esta problemática es hacer una elección judicial rápida para cambiar de magistrados, lo cual se enmarca en la Constitución.

El 12 de diciembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dispuso “la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades”.

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El 31 de enero, el TCP emitió el auto constitucional 036/2024 que dispone que la Asamblea Legislativa debe acatar la sentencia constitucional 049/2023 sobre la prórroga.

Desde el bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y las alianzas opositoras Comunicad Ciudadana (CC) y Creemos se pide el tratamiento de los proyectos de ley 073 (suspensión de plazos procesales) y 075 (cesación a los magistrados), antes de abordar los créditos externos en la Cámara de Diputados.

El 2 de febrero, las tres fuerzas políticas (MAS, CC y Creemos) alcanzaron un acuerdo para garantizar la ley de las judiciales. En este documento se establece que, tras la aprobación de la norma, los proyectos de ley 073 y 075 serán tratados por tiempo y materia, en la sesión siguiente al proyecto de Ley 144, y de al menos cuatro de los proyectos de ley de los préstamos externos.

En la Cámara de Diputados se tiene estancado el debate y el escollo de los nueve proyectos de ley está en la interpretación del acuerdo bicameral.

Desde el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales departamentales defienden la prórroga de mandato y advierten sobre las posibles consecuencias en la Justicia en caso de suspenderse los plazos procesales que se determina en los proyectos de ley 073 y 075.

“(En caso de la suspensión) realmente el perjuicio es incalculable porque la cantidad de procesos que comprende al menos a dos partes. Entonces, hablamos de ciudadanos que esperan una respuesta oportuna de los tribunales. Por lo tanto, queremos asegurar que lo primordial es resguardar los derechos y garantías de esas personas que se verían seriamente afectadas por los efectos multiplicadores que tendría aquella posibilidad”, dijo el presidente del TSJ, Marco Jaimes, el jueves pasado.