La sospecha del Gafilat y la presencia de al menos 71 organizaciones sin fines de lucro sospechosas de financiamiento al terrorismo fue aprovechada por la presidenta de la comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, Gloria Callizaya (MAS-ala arcista), quien acusó al expresidente, Evo Morales, de digitar las ONG con fines políticos.

“Puede ser que estén viendo al Gobierno, que se pretenda dar un golpe, usted sabe quién está manejando y tiene mucho conocimiento de las ONG es el expresidente Evo Morales, a través del manejo de estas ONG puede desestabilizar”, declaró la diputada oficialista esta redacción.

Sin embargo, admitió que no conoce el contenido del informe y recordó que en la anterior legislatura estaba en la comisión de Política Exterior y en esa oportunidad solicitó un informe a la Cancillería pidiendo la relación de las ONG registradas en Bolivia, pero no recibió el documento.

La delegación

El 14 y 15 de septiembre de 2023 autoridades de Gobierno, la Secretaría Ejecutiva del Gafilat y el equipo evaluador que vino a Bolivia se reunieron en la ciudad de Punta del Este y donde los representantes bolivianos debían aclarar las dudas de los personeros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Por Bolivia, viajaron seis personeros liderados por el ministro de Justicia, Iván Lima.

“Estas observaciones del informe de la Gafilat han sido ya sustentadas en la defensa efectuada en Punta del Este. Hace un par de meses. Además, entre agosto septiembre se ha brindado un informe que permite, diría yo, justificar las observaciones que tenían a partir del cumplimiento de los estándares internacionales que colocan a Bolivia como un país que combate el lavado de activos”, explicó el viceministro Aguilera a EL DEBER.

Ese encuentro fue clave, porque la delegación boliviana y el equipo evaluador se sentaron a discutir los aspectos del borrador del informe y aclarar los puntos de vista disímiles, fueron reuniones de aclaración y discutir los últimos detalles del reporte.

A la reunión acudieron, el ministro de Justicia, Iván Lima; el viceministro de Defensa, Augusto García; la viceministra de Transparencia, Susana Ríos; el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos y la directora de la Asfi, Ivette Espinoza. También estuvo Indira Copa Huaraz, en representación del ministerio de Economía y la directora de la UIF, Pamela Troche Huanca.

Los PEP

El informe del Gafilat hace una precisión sobre los políticos, calificados como, ‘personas expuestas políticamente’ (PEP). El Estado boliviano no contaba con normas que puedan fiscalizar a las ex autoridades políticas. Según el estándar internacional los PEP son los altos cargos políticos, desde Presidente hasta parlamentarios electos de los partidos.

En esta evaluación el Gafilat concluyó que en este caso hubo un cumplimiento de todas las recomendaciones porque ya se cuenta con normativa de fiscalización hacia los PEP, hay circulares a los bancos para que estos vigilen el movimiento económico de los PEP.

Asimismo, plantearon que este grupo de personas es considerado de alto riesgo.