El Informe de evaluación mutua del Estado plurinacional de Bolivia suscrito por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) alertó de la presencia de 71 Organizaciones Sin Fines de Lucro (Osfl) en Bolivia que son sospechosas de financiamiento al terrorismo. Autoridades de Gobierno explicaron que hubo una evaluación del documento en septiembre en Uruguay, donde aclararon dudas del organismo.

“Por lo que respecta a las Osfl (organizaciones sin fines de lucro) en el país, para junio de 2022, se tenían registradas 2.192, de las cuales 637 corresponden a entidades civiles; 258 a fundaciones; nueve a organizaciones sociales; 905 a organizaciones no gubernamentales y 383 a organizaciones religiosas. Bolivia cuenta con una ESR (evaluación sectorial de riesgos) para este sector que determinó que 71 Osfl tienen riesgo de FT (financiamiento al terrorismo) de las cuales 61 tienen un riesgo bajo y 10 un riesgo medio de FT”, señala el punto 61 de la “evaluación del riesgo y alcance de problemas de mayor riesgo”.

El viceministro de Régimen Interior, Johnny Aguilera, confirmó que en agosto y septiembre de 2023 acudieron a la ciudad de Punta del Este, en Uruguay para aclarar las dudas que tenían los expertos para la redacción del informe presentado en diciembre.

“Hemos formado parte de la evaluación que ha hecho la Gafilat para hacer entender que Bolivia es un país seguro, desde el punto de vista financiero. Tenemos oficinas de legitimación de ganancias ilícitas, órganos de investigación que nos permite a partir de la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras) hacer este seguimiento, no conozco el informe pero puedo garantizar que una vez sea de nuestro conocimiento efectuaremos las labores propias e idóneas para la identificación y ratificación de ese documento”, dijo Aguilera.

En el resumen ejecutivo del informe final el equipo evaluador concluyó que en el país existe “una buena comprensión de los riesgos”, pero que esa comprensión es menor cuando se trata de financiamiento al terrorismo. “En algunos casos la comprensión de riesgo LA/FT (lavado de activos/financiamiento al terrorismo) no se ha profundizado a niveles prácticos y operativos”, advierte el primer punto de los hallazgos del organismo.

El informe tiene 371 páginas en total y realiza una evaluación en ocho capítulos, cada uno de ellos con una recomendación precisa. Cuatro de los capítulos se refieren exclusivamente al lavado de activos y financiamiento al terrorismo. El informe señala que en Bolivia “no existe ningún caso que hubiera llegado a los tribunales por esos delitos”

El dinero islámico

En cuanto al “enfoque dirigido, alcance y supervisión de organizaciones sin fines de lucro en riesgo”, ubicado en la página 102, el informe señala que existe un adecuado control desde las entidades estatales sobre las ONG extranjeras, principalmente las religiosas y otras que provienen de países islámicos.

“En lo relativo a Organizaciones Religiosas, las organizaciones con doctrina islámica, derivado de los actos extremistas que han ocurrido relacionados con ésta a nivel global, son las que presentan una ponderación media y en las doctrinas asiáticas o cristianas la ponderación es de baja”, señala el reporte que ya está en la red.

En ese marco, es considerado como riesgo bajo aquellas ONG que tienen un financiamiento anual que oscila entre $us 1 millón a $us 3,8 millones; los de riesgo medio son los que manejan entre $us 3,8 millones a $us 7,7 millones, y aquellas que son ponderadas como alto son las que tienen financiaciones de $us 7,7 millones hacia adelante.

“Por fuente de financiamiento se ponderó de acuerdo con el Informe Anual ‘Global Terrorism Index 2022’, que mide el impacto del terrorismo en 163 países, concluyendo que 31 organizaciones reciben financiamiento de países catalogados con una amenaza terrorista Alta; 39 una con una Media, y solo una proviene de una fuente de un país catalogado como Bajo”, precisa.

Asimismo, informa que el Gobierno a través de sus instituciones tiene la capacidad de pedir informes a las ONG para que describan el trabajo que realizan y la Evaluación Sectorial de Riesgo (OSR) determinó que no existen riesgos visibles.

“En Bolivia no se han recibido ROS (reporte de operaciones sospechosas) relacionados a FT (financiamiento al terrorismo) ni tampoco relacionados con alguna OSFL (organización sin fines de lucro) y no existen causas penales iniciadas por este delito. Es importante mencionar que se iniciaron investigaciones por FT, pero se archivaron por no contar con elementos para fundamentarlas o terminaron siendo procesadas por terrorismo u otros delitos”, aclara en su página 103.

El documento no identifica a las 71 organizaciones que son sospechosas de financiamiento al terrorismo. Una fuente del Gobierno afirmó que esa es información interna que es evaluada por los organismos de seguridad.

Irán es el país islámico con el que Bolivia mantiene relaciones diplomáticas y la legación solo tiene cuenta con una embajada en la zona Sur de La Paz. No tiene consulados, como pasa con el resto de embajadas residentes.

Las amenazas

El informe Gafilat señala que hay siete riesgos que son una amenaza para el Estado boliviano, estos son: Tráfico ilícitos de estupefacientes; corrupción; trata de personas y tráfico de migrantes; contrabando; delitos ambientales; delitos fiscales; y financiamiento al terrorismo.

Respecto del tráfico ilícito de estupefacientes, el informe señala que las múltiples fronteras, el terreno accidentado “y la plantación de coca” colocan al país en riesgo de tener presencia de grupos delictivos y que las ganancias pudieran ser lavadas en la economía real o en el sistema bancario que incluye el bursatil.

“De acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) y otras fuentes relevantes en materia de medición y evaluación de la corrupción y su percepción, este flagelo es uno de los principales males que afectan el Estado boliviano y genera cantidades relevantes de dinero susceptible a ser lavado”, señala el segundo punto de los riesgos que afectan al país.

Hace dos semanas, el propio Viceministerio de Transparencia informó que en el segundo semestre de 2023 en el país se presentaron ocho denuncias de corrupción por día, aunque no avanzaron a un juicio. Ese delito se considera un lavado de activos, que en el país es “legitimación de ganancias ilícitas”.

Bolivia está entre las naciones donde tiene origen el tráfico de personas, muchas de las cuales son víctimas de trata, señala el tercer punto del reporte global.

En cuanto al contrabando el Gafilat reporta que existe una regulación “poco clara” y alerta sobre el peligro de que las autoridades fronterizas (aduana) son susceptibles de corrupción y que una de las fuentes ilícitas de ingresos sea por el contrabando.

Sobre los delitos ambientales, afirma que el país es susceptible de la explotación ilegal de tres minerales, oro, plata y zinc. Los delitos fiscales fueron identificados en las facturas falsas, la simulación de operaciones o transacciones ficticias. Estas debilidades institucionales fueron apuntadas como la fuente para el financiamiento al terrorismo.

Las recomendaciones

El informe coloca 40 recomendaciones en total, cada una con su conclusión. Gafilat asignó tres categorías en el cumplimiento de las recomendaciones de la evaluación anterior: cumplidas, parcialmente cumplidas y mayormente cumplidas.

Sobre lavado de activos, se considera mayormente cumplida y observa que la principal deficiencia es la proporcionalidad y disuasividad de las sanciones de LA (lavado de activos), a las que se consideran “limitadas”.

En cuanto al financiamiento al terrorismo también se cataloga como mayoritariamente cumplida y advierte dos falencias: no incluye investigación en el viaje de combatientes terroristas y no hay sanciones penales para personas jurídicas que se hayan vinculo a esta actividad.

Sobre las sanciones financieras dirigidas o relacionadas al financiamiento del terrorismo, también se considera parcialmente cumplida porque no hay sanción penal para el tráfico de minerales preciosos. Lo mismo sucede para la recomendación sobre proliferación de armas.

Sobre las organizaciones sin fines de lucro (Osfl) se considera parcialmente cumplida porque no hay gradualidad de las sanciones. Las otras recomendaciones se refieren a temas financieros y la vigilancia de las entidades.