No es ninguna novedad que los abogados se han convertido en estas épocas en armas mortales al servicio de empresarios y políticos. Las grandes corporaciones disponen sumas multimillonarias para que poderosas firmas de abogados les pasen por encima a estados, a ciudadanos y a otras empresas, forzando procesos y torciendo las leyes a favor del dinero, cuantas veces sea necesario. Los políticos también parecen depender del uso de este nuevo armamento de carne y hueso en la intrincada fórmula del poder, dinero y ley.

 Muchas de las pugnas que antes solían saldarse a punta de espada o de bala, hoy se encaran a través del uso de estos letales armamentos de traje y corbata, de forma aparentemente menos sangrienta y mas “civilizada”. 

En nuestro pequeño país, muchos líderes políticos han sido ellos mismos abogados y muchos otros simpre tuvieron en su entorno más cercano a feroces e inescrupulosos abogados, dispuestos a componer lo que no podían resover a través de la política. La prueba más contundente de esa práctica la dio el inefable Evo Morales, cuando en un lapsus de sinceridad admitió en público que él como presidente le metía nomás y después los abogados arreglaban.

El actual gobierno superó con creces las prácticas de Morales convirtiendo al poder judicial en un aparato de persecusión y represión politica contra sus opositores de forma grosera y descarada; los tanques, las balas y los torturadores fueron reemplazados por un inédito sicariato judicial abiertamente al servicio de la más cruel violencia política. Sin embargo la represión judicial no les fue suficiente: cuando perdieron la gobernabilidad parlamentaria , no tuvieron reparo en atropellar y reemplazar las facultades del poder legislativo, a través de sus mercenarios en las magistraturas. El tiro de gracia a la democracia, lo dieron trabando las elecciones judiciales y prorrogando a sus matones.

Como ha ocurrido en todos los campos, el MAS ha llevado los vicios de la política a otro nivel, y eso no debería sorprendernos. El problema se pone mucho más serio y adquiere otras dimensiones cuando los abogados dejan de ser instrumentos, y pasan a ser protagonistas de la política. En la extrema necesidad de sus servicios y en la deuda acumulada de favores, el abogado genera dependencia y adquiere poderes que no está preparado para enfrentar; escenarios que requieren lectura y cintura política terminan en manos de abogados que terminan creyendo que el ejercicio del poder puede convertirlos en políticos. Y claro, eso no ocurre. El abogado, por muy bueno que fuere, ve la vida y la política con ojos de abogado, porque eso es lo que es y porque no sabe cómo funciona la política. 

Eso parece estarle pasando al presidente Arce, un hombre ya de por sí con pocos instintos y dotes políticos, que ha terminado en manos de su ministro de Justicia, quien lo ha convencido de que todas las soluciones deben pasar por el embudo leguleyo, y que deben matar o morir en esa lógica. El resultado, como no podía ser de otra manera, es un gobierno ya no tuerto sino ciego, sin perspectiva, sin rumbo y sin capacidad de negociación política. Un gobierno rumbo al barranco en manos de abogados.