El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) advirtió este jueves sobre un “perjuicio incalculable” en caso de concretarse el cese de mandato de los magistrados, como se pretende con los proyectos de Ley 073 y 075. Solo en ese alto tribunal, podrían paralizarse al menos 638 causas que ingresaron en 29 días hábiles de este año y alrededor de 4.113 que quedarían pendientes de resolución hasta septiembre, cuando se realizarían las elecciones judiciales para renovar a las máximas autoridades de la justicia nacional.

El presidente del TSJ, Marco Ernesto Jaimes, informó que en 29 días hábiles, contando desde el 2 de enero, con la continuidad de los actuales magistrados producto de la Declaración Constitucional 049/2023, ingresaron 638 causas. Pero, si se toma en cuenta otros trámites de solicitudes de cooperación internacional y exhortos suplicatorios, el TSJ, en lo que va del año, registró 953 memoriales.

“Realmente, el perjuicio es incalculable porque la cantidad de procesos en trámite involucra por los menos a dos sujetos procesales y ciudadanos que esperan una respuesta oportuna de los tribunales”, dijo Jaimes sobre los riesgos de continuar debatiendo el cese de mandato de los magistrados en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Indicó que hay trabajadores pendientes del pago de beneficios sociales, víctimas de delitos contra la vida que esperan una sentencia condenatoria ejecutoriada y la devolución de algún pago de dinero o inmueble, entre otros, en busca de justicia.

“Queremos asegurar, primero resguardar los derechos y garantías de esas personas, que se verían seriamente afectadas por los efectos multiplicadoras, si se diera esa posibilidad (del cese de mandato de las autoridades prorrogadas)”, puntualizó.

EN TRÁMITE

El Presidente del TSJ informó que las salas especializadas sortean actualmente las causas ingresadas y que también relacionan procesos conforme a procedimiento para publicar las resoluciones o sentencias que corresponden.

En conferencia de prensa mostró una proyección de causas atendidas entre 2020 y 2023 con cifras que se fueron incrementando. Considerando estas proyecciones de causas, Jaimes dijo que, desde el 2 de enero de 2024 hasta septiembre de este año, se estima el ingreso de 4.113 denuncias que no podrían ser tramitadas si no hay magistrados.

GARANTIZAR ELECCIONES

Jaimes se refirió también a la posible reactivación de medidas de presión por parte de sectores vinculados al ala “evista” del MAS. Afirmó que el derecho a la protesta debe ser respetado, pero también las personas que bloquean tienen que respetar el derecho de los demás ciudadanos. “Todo derecho tiene como límite el derecho de los demás”, enfatizó.

“Entre tanto las protestas sean respetuosas del derecho de los demás, con seguridad el país se encaminará en una solución armoniosa para garantizar las elecciones judiciales, que es prioridad para el país”, complementó.

En esta coyuntura, Jaimes instó a los sectores sociales y políticos a cumplir la Constitución Política del Estado (CPE) en relación a la independencia y separación de poderes, pero también la coordinación y cooperación entre los órganos del Estado para garantizar los comicios judiciales.

EN CUATRO AÑOS

AÑO  CAUSAS

2020  4.682 

2021  5.127 

2022  5.232