Tras dos semanas del acuerdo político que viabilizó la ley de las elecciones Judiciales, así como la hoja de ruta para cesar a magistrados prorrogados a cambio de la validación de créditos, los campesinos leales a Evo Morales están en apronte y preparan un nuevo pliego que será aprobado el 23 de febrero en Cochabamba, el territorio donde el exmandatario mostró mayor capacidad de movilización. Incluso hablan de impulsar el acortamiento del mandato del presidente Luis Arce si continúan los magistrados.

“Estamos llegando a un momento en que los sectores sociales dicen: ‘tiene que irse Lucho (Luis) Arce’. Yo no quiero que ingrese en el país esa situación, de ninguna manera, pero me parece que, en el futuro, esta perspectiva se va a debatir”, le dijo EL DEBER, el dirigente Humberto Claros, quien está en el comité de movilización de la Csutcb de la facción evista del MAS.

Según el dirigente, a estas alturas ya es evidente que el Órgano Ejecutivo “no quiere elecciones judiciales y va a boicotear” el proceso “con todo lo que esté a su alcance”. Así, “la tregua” que vino con el Carnaval puede acabarse con nuevos cortes de ruta y bloqueos en el país.

Para el dirigente, “la permanencia de los (magistrados) autoprorrogados” es parte de una estructura de “protección” al gobierno de Arce. “En muchos casos, las denuncias de corrupción han sido cerradas a pesar de las pruebas presentadas”, mencionó.  

“El tema de los exmagistrados autoprorrogados es estructural. Hay una estructura esquematizada por el gobierno de Arce y tiene que ver con el tema de proscribir al MAS-IPSP. Por ejemplo, estos actos nefastos de entreguismo del litio boliviano, de sobreseer todas las denuncias de corrupción contra Arce, su hijo, o la corrupción de la ABC, el caso Colodro que curiosamente muere”, enumeró Claros

Es por eso, que el 23 de febrero, la Csutcb realizará un ampliado en el coliseo de la Coronilla (Cochabamba) para determinar “medidas y acciones” de protesta contra el Gobierno de Arce. “Es una situación absolutamente nefasta en el país y puede obligar a la Csutcb a tomar no solo el tema de los exmagistrados auto prorrogados, sino hacer bandera de la defensa del litio boliviano”.

Juicio

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, estuvo ayer en la Asamblea Legislativa. Tenía que brindar un informe a la comisión de Justicia Plural, pero no hubo el quorum  suficiente porque varios legisladores solicitaron licencia tras el largo feriado nacional por el Carnaval. Eso sí, la autoridad del Ministerio Público dijo que “declinó competencia” para investigar a los 23 magistrados y tres consejeros que se mantienen en sus cargos tras el vencimiento de su mandato del 2 de enero. Esto sucedió porque no hubo elecciones para renovar al Órgano Judicial

Comunidad Ciudadana (CC) los había denunciado por “usurpación de funciones”. “La Fiscalía de Chuquisaca inició el proceso de investigación, pero la autoridad jurisdiccional decidió declinar la competencia de esta investigación  en favor de la Asamblea Legislativa”, dijo Lanchipa. Es decir, el Ministerio Público reconoce la vigencia de mandato de estas altas autoridades.

 El jefe de bancada CC, Enrique Urquidi, afirmó a este medio que todo este escenario y que con estas decisiones, el escenario  tiende a conflictuarse cada día más.

“Está claro que el presidente Arce no quiere poner en situación de vulnerabilidad a los prorrogados y está sacando cara para que ellos se queden (…). Mientras Arce no se dé cuenta del costo político de mantener a estos magistrados está en riesgo la estabilidad de su gobierno y la paz social que pasa por respetar la Constitución”, dijo Urquidi a EL DEBER. Para el legislador, la solución para desactivar cualquier movilización “está en manos del presidente Arce” y dejar de proteger a los “auto prorrogados inconstitucionales”.

Hasta el cierre de edición, la Cámara de Diputados no emitió una convocatoria para retomar la sesión  que debía tratar el cese de funciones de los magistrados ni la validación de créditos por más de $us 800 millones que están trabados en la Asamblea Legislativa. Desde la bancada arcista, piden tratar primero los préstamos internacionales, antes que las otras leyes. Así lo manifestó la diputada Magaly Gómez a los periodistas.

Por su lado, Efraín Mollo, secretario de Comunicación de la Csutcb del ala arcista pidió “cerrar filas para defender la democracia”. “Hay un estado de emergencia”, afirmó.

Análisis

Para el analista político Gregorio Lanza este escenario se va a agravar porque el objetivo de fondo del expresidente y líder del MAS, Evo Morales, con la “excusa” de los auto prorrogados es debilitar al gobierno de Arce hasta derrocarlo. Para ello utiliza el método que domina como es el bloqueo y una suerte de movilizaciones.

“La situación se va agudizar porque el objetivo de Evo Morales es erosionar al gobierno de Arce Catacora hasta lograr el acortamiento de su mandato. Ha usado la fachada de sacar a los jueces prorrogados aunque son los mismos que Evo a puesto. Esto, junto a la propia elección de jueces es tan solo una excusa y su único método es la violencia”, apuntó Lanza.