El cierre del espacio cívico avanza en la región, particularmente en regímenes autoritarios como Venezuela y Nicaragua, según explicaron dos defensores de derechos de aquellos dos países en el programa Sumando Voces en Directo, transmitido el jueves pasado. La situación en Bolivia no llega a esos niveles, pero llama la atención una caída estrepitosa en el registro oficial de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Irving Larios es un luchador social de Nicaragua que primero fue perseguido, luego fue detenido, condenado a 13 años de cárcel y luego de 17 meses en prisión, hace exactamente un año, fue desterrado de Nicaragua junto a otros 221 presos políticos, a los que además se les quitó la nacionalidad y se les arrebató sus bienes. Ahora vive en Miami gracias al apoyo de su familia. Desde allá cuenta que en su país no existen condiciones para el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil y que, desde 2018, más de 3.500 ONGs han cerrado por presión, acoso y persecución del régimen de Daniel Ortega.

Deborah Van Berkel es una activista social y defensora de derechos humanos en Venezuela y, también conectada con Sumando Voces en Directo, cuenta que en su país está en proceso de aprobación una ley que criminalizará a las ONGs, las que ya han sufrido todo tipo de trabas para operar.

Pero, ¿cómo estamos por Bolivia? El programa de streaming presentó datos que muestran la obstrucción del espacio cívico: el registro de ONGs ha caído de 2.165 en 2015 a 166 en 2024, según datos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Sin embrago, se conoce que muchas funcionan sin registro por los trámites burocráticos impuestos para conseguir las personerías jurídicas.

Nicaragua es “una completa dictadura”

Larios cuenta que fue parte de la revolución sandinista, pero que desde los 90 se dedicó a trabajar en el desarrollo comunitario. Cuando Daniel Ortega regresó al poder, él y muchos otros que habían luchado con el ahora Presidente del país, se convirtieron en críticos de su gobierno, el que respondió con persecución.

Dice que en principio “comenzaron los epítetos de traidores, vendepatrias, fuimos golpeados en la calle, tuvimos un proceso de impedimento de la movilización y comenzaron a cerrar organizaciones sin ningún argumento sólido”.

Así estaba la situación cuando se produjo la explosión social del 2018. Desde entonces, relata Larios, el régimen ha cerrado a más de la mitad de los ONG del país: entre 3.500 y 3.600.

“No sólo es la libertad de asociación, tampoco hay libertad de expresión, no hay libertad de movilización, no hay libertad religiosa; en Nicaragua hay una completa dictadura”, dice.

El luchador social comenta que “no solamente se afecta la ONG, sino la posibilidad que tiene la ciudadanía en organizarse con el apoyo de la ONG”.

Explica que este proceso empezó con impedimentos para que las ONGs pudieran presentar sus informes a tiempo, luego siguió con leyes restrictivas a la cooperación internacional, hasta que hicieron una ley del agente extranjero, “con la que condenaron a algunos de mis compañeros que vinieron en el vuelo conmigo, otros fuimos acusados de traición a la patria, por recibir algún financiamiento externo”.

“Había 500 ONGs de desarrollo en Nicaragua, entre ellas una 50 de Derechos Humanos, eso está abandonado. Ya no hay organizaciones que protejan a la ciudadanía, ahí solamente están las organizaciones paramilitares y la organización es para el gobierno”, relata Larios.

Venezuela con una ley en curso

En Venezuela las cosas no son muy diferentes. De hecho, está en proceso de aprobación la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y afines que, a decir de Deborah Van Berkel busca criminalizar a las ONGs.

“Esta ley significa un paso más del régimen venezolano para cerrar las voces y la actuación autónoma de los ciudadanos organizados en Venezuela, esta ley va contra toda expresión organizativa, no solo ONGs”, informa la activista.

Van Berkel dice que desde el 2005 se vive una situación de zozobra en las organizaciones de la sociedad civil, porque desde entonces se intenta aprobar una ley de cooperación, que busca limitar el financiamiento de la cooperación internacional, a la que se suma el proyecto de las ONGs, que obligará a las instituciones a realizar cuatro registros en nueve meses “y si en ese tiempo no se logra, cosa que está hecha para que no lo logremos, estamos sujetos a una inhabilitación, o sea que no podremos funcionar y que todos los bienes de las organizaciones pueden ser tomados por el Estado, entonces hay una amenaza creíble muy firme contra la sociedad venezolana”.

“Ya vivimos un espacio muy restrictivo, solo que esta ley vendría a ponerle la guinda”, resume Van Berkel.

Explica que esta persecución se extiende a organizaciones sociales, políticas, empresariales, sindicatos. La etapa electoral ha llevado a una “intensificación de todas estas políticas para cerrar estos espacios, cerrar estas oportunidades”.

“En Venezuela nos estamos jugando la posibilidad realmente de una alternabilidad en el poder por la vía democrática, entonces hay una gran confrontación entre la sociedad democrática y el grupo autoritario que quiere mantenerse en el poder”, explica la defensora de derechos.

Datos de Bolivia

En Bolivia, además del dato sobre la caída de registros de ONGs, hay otros que despiertan las alertas. Por ejemplo, el Observatorio de Defensores y Defensoras de UNITAS revela que en 2023 se presentaron 61 casos de violación a la libertad de asociación. La obstrucción indebida del funcionamiento de una organización es la vulneración más frecuente, con 48 casos.

El reporte de vulneraciones a la libertad de asociación registró un considerable incremento a diferencia de años precedentes.  Los 61 casos de 2023, representan cuatro veces más que 2021 (15 casos) y 13% más que 2022 (53 casos).

Entre tanto, una encuesta encargada por UNITAS a Ipsos Cies Mori en 2023 reveló que el 67% de los consultados considera que hay amenazas, opiniones de desprestigio, o críticas públicas al trabajo de las ONGs, mientras que 40% identificó al Gobierno como el responsable de esas amenazas.