En un acto político con organizaciones del Pacto de Unidad arcista y funcionarios públicos en el que los campesinos aseguraron la continuidad del binomio “Lucho y David” para un nuevo periodo 2025-2030, el presidente Luis Arce, promulgó ayer la Ley transitoria para las elecciones judiciales 2024, tras una maratónica sesión de Diputados, que la madrugada del martes aprobó el proyecto de ley 144 sin modificaciones, y el Senado, en tres horas, aprobó y sancionó la norma.

No obstante, ni el Legislativo, ni Ejecutivo se pronunciaron sobre la continuidad de los magistrados autoprorrogados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), pese al acuerdo suscrito por todas las fuerzas políticas para aprobar una ley que anule su prórroga.

Hasta el cierre de edición, el presidente de Diputados, Israel Huaytari, no convocó a sesión para tratar los proyectos de ley al respecto: 073 y 075, dijo que el trabajo que corresponde a la Asamblea Legislativa “está finalizado” e hizo énfasis en que ahora la Cámara Baja debe tratar los proyectos de ley de préstamos para el Ejecutivo porque se debe “respetar el acuerdo que se firmó con las tres fuerzas políticas”.

Promulgación y respaldo

Para la promulgación de la Ley de elecciones judiciales que se oficializa con la firma del presidente Luis Arce, el Gobierno preparó en el auditorio principal de palacio del Ejecutivo, una ceremonia con todas las organizaciones sociales arcistas. Estaban desde los “guerreros azules” que son funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, hasta el dirigente de la COB, Juan Carlos Huarachi.

“¡Hermano presidente Lucho, los guerreros azules te saludan!, ¡aú, aú aú!”, fue uno de los gritos de apoyo con el que empezó el acto.

En la testera, el presidente Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, con guirnaldas de flores que colgaban de sus cuellos, estaban escoltados por los arcistas: Israel Huaytari, presidente de Diputados, Jerges Mercado, Juan José Jáuregui, Virginia Velasco y María Castillo.

“Lo hemos dicho cientos de veces: no nos oponemos a las elecciones (…) Ya tenemos una ley para las elecciones judiciales”, destacó el jefe de Estado e hizo un recuento de todo lo acontecido desde agosto de 2023, insistió en que las trabas la pusieron algunos legisladores con artículos inconstitucionales que tuvieron que ser saneados tras las observaciones del Tribunal Constitucional.

La autoridad también exigió al Legislativo que realice el trabajo de preselección de postulantes de forma transparente: “Las elecciones judiciales no pueden ser para cuotearse el poder judicial”.

Arce, no perdió la oportunidad para nuevamente, apuntar al expresidente y líder del MAS, Evo Morales, como el principal responsable de las consecuencias económicas del bloqueo de dos semanas. Citó a algunos sectores perjudicados por los bloqueos, entre ellos los transportistas y YPFB; la planta de urea que perdió 13 millones de dólares; la industria naranja con 94 millones y el Carnaval de Oruro con 130 millones de bolivianos.

“Ha sido un daño de cerca de mil millones de dólares a la economía nacional (…) Han sido innecesarios estos bloqueos, el afán de desgastar. No se puede engañar al pueblo de esa manera y no se puede ahorcar la economía del pueblo por intereses particulares”, dijo Arce.

Previo al acto central con la promulgación de la ley y el discurso de Arce, cinco oradores desfilaron por la testera para reiterar que el conflicto fue generado por la oposición en el Legislativo y la “nueva derecha”, en referencia a los “evitas”. Y en intervención, era acompañada por las arengas. “¡Lucho no está solo!”.

Y el dirigente campesino Lucio Quispe, aseguró también la continuidad del actual binomio presidencial para el próximo periodo de gobierno. “Sí o sí tiene que terminar su gestión y después desde 25 a 30 Lucho y David, hermanos”, dijo Quispe, anuncio que fue recibido por vítores y aplausos de la concurrencia.

Desde el Legislativo

El trabajo por aprobar la ley de elecciones judiciales empezó a las diez de la noche del lunes 5 de enero, cuando los diputados después de cenar y escuchar por más de tres horas la lectura de correspondencia, entraron en materia y aprobaron el proyecto de ley 144 en grande y en detalle, “sin modificaciones” como establece el acuerdo firmado por la comisión legislativa que ajustó la propuesta. Mientras, afuera del edificio había una vigilia de un grupo de arcistas.

Faltando 15 minutos para las cuatro de la mañana, y pese a las observaciones a unos cinco artículos y protestas de alguno legisladores, el presidente Huaytari aprobó la norma, sin cambios.

Tanto la oposición como los evistas, varias veces le pidieron que en la misma sesión se trate el proyecto de ley 073 que anula la prórroga de los magistrados y el 075 que congela los plazos procesales en el sistema judicial. No obstante, el legislador Huaytari, ante la insistencia se limitó a decir que la directiva iba a definir cuándo convoca a sesión para tratar ambos proyectos.

A media mañana, el Senado en tres horas de sesión, después de un corto debate que los legisladores usaron más para echarse culpas entre sí y lavarse las manos para sí, aprobó por unanimidad el proyecto de ley 144.

No hubo necesidad de tratar en grande ni en detalle, porque la norma venía de Diputados como cámara revisora y el Senado que era cámara de origen, solo tenía que aprobar o rechazar las modificaciones, por lo que aprobó, sancionó la ley y la envió al Ejecutivo “para fines constitucionales”.

Después de ello, los presidentes del Senado y Diputados, por separado, salieron para anunciar que cumplieron su tarea y los evistas deberían desbloquear caminos.

El legislador Andrónico Rodríguez pidió a Diputados “agendar de manera inmediata la sesión para el tratamiento del proyecto de ley 073 y 075”, relativas a la nulidad de la autoprórroga de los magistrados y la suspensión de plazos procesales.

No obstante, el diputado Huaytari, se limitó a decir que se cumplió con la demanda de aprobar la ley de elecciones judiciales y no dio luces sobre el tratamiento de los otros dos proyectos de ley.

El diputado Juan Jáuregui, afirmó que él no va apoyar la aprobación de dichos proyectos porque según su criterio son inconstitucionales. “Tengo una posición clara y no la voy a cambiar: son proyectos de ley inconstitucionales, no se puede paralizar los servicios, no se puede delegar a personal subalterno y no se puede a través de una ley señalar el incumplimiento a un mandato de una declaración constitucional”, dijo Jáuregui.