Tras la firma del acuerdo entre fuerzas políticas para viabilizar una normativa que garantice la realización de las elecciones judiciales y permita pacificar el país, Asambleístas de oposición que rechazaron este acuerdo justificaron su decisión señalando que este pacto se constituye en una burla contra el pueblo boliviano y deja de lado la demanda de alejar de sus cargos a los magistrados “autoprorrogados” que violaron la Constitución.

Mediante un comunicado emitido ayer por la facción de la agrupación Creemos que abandonó el diálogo en la Vicepresidencia, se aclaró que esta determinación responde a que el requisito indispensable para llegar a un acuerdo fue la renuncia de los Magistrados “autoprorrogados”, punto que aún no fue resuelto de forma favorable y en apego a las leyes.
En ese sentido, se denunció que con el acuerdo alcanzado “se ha consumado una burla al pueblo boliviano”, porque se constitucionaliza a las autoridades prorrogadas, otorgándoles legitimidad y legalidad a sus actos, tomando en cuenta que ocupan cargos que fenecieron a partir del 2 de enero del presente año.
“No se trata solo de la aprobación de la Ley 144 para las Elecciones Judiciales, sino de que se ha consumado un acto ilegal, como aceptar la autoprórroga, defenestrando así la democracia y mintiendo al pueblo boliviano al asegurar que la consideración sobre la legalidad de Magistrados prorrogados se debatirá en el Parlamento. Como todo el pueblo boliviano sabe, esto no se concretará, el Gobierno no dejará que dichos Magistrados se vayan, pues le conviene tenerlos funcionales a sus intereses de poder”, señala parte de la nota.
Aseguran que no se puede vulnerar el Texto Constitucional, aceptando la “autoprórroga”, por lo tanto esta posibilidad serviría como jurisprudencia para proceder de la misma forma en casos, como la elección del Fiscal General del Estado.
Desde Comunidad Ciudadana, los asambleístas Luciana Campero, Samantha Nogales, Pamela Alurralde, Jairo Guiteras, Pablo Arízaga, Janira Román, Lily Fernández, Mayra Zalles y Toribia Lero, así como las senadoras Andrea Barrientos y Corina Ferreira, advirtieron que con un reconocimiento de la prórroga de Magistrados, el Gobierno pretende instaurar un régimen autocrático, mediante sus operadores del Órgano Judicial.
“Instamos al resto de Senadores y Diputados de la oposición a actuar conforme a lo establecido en la Constitución, y no acatar ninguna sentencia, resolución o Auto Constitucional de los autoprorrogados, puesto que ya no son magistrados”.
Descartando cualquier tipo de apoyo sobre acuerdos que impliquen la continuidad de autoridades judiciales prorrogadas, se exhortó a Diputados y Senadores de oposición a mantener la unidad para defender la democracia del país ante acciones “abusivas y arbitrarias del masismo”, sin descartar el inicio de acciones jurídicas.
“Advertimos al bloqueo ‘arcista’ que en caso de no deponer su actitud, se pone en riesgo la convivencia pacífica del país, la democracia y el Estado de Derecho. Acudiremos ante los organismos internacionales, para pedir sanciones para el Gobierno. Activaremos los mecanismos necesarios para hacer respetar la independencia y funcionamiento de la Asamblea Legislativa.
Otro cuestionamiento al acuerdo suscrito por la “Comisión Bicamaral Multipartidaria” el pasado viernes, fue expresado por la diputada María René Álvarez, quien advirtió que con la firma de este pacto se negoció el abrir más deuda para los bolivianos en forma de créditos, a cambio de tratar la autoprórroga de los magistrados usurpadores.
“Nuevamente se ve la ingenuidad o complicidad de esta oposición funcional que permite que los exmagistrados sigan usurpando funciones una semana más y confían en la palabra de los dos bandos del MAS, que al final solo quieren dinero para salvar su desastrosa gestión económica”, sostuvo.
Adelantó que, como miembro de la directiva y Cuarta Secretaría de la Cámara de Diputados, está en total desacuerdo con el “pacto entre masistas y opositores”, porque permiten que se siga vulnerando la Constitución, las leyes vigentes y las atribuciones de la función legislativa.