Son quince años desde la promulgación de la actual Constitución Política del Estado, el 7 de febrero de 2009. A tres lustros de su entrada en vigor es conveniente detenerse un momento y recordar su origen, naturaleza, avances y desafíos en su implementación. Este artículo se constituye en el primero de tres que abordan esta temática.

El actual texto jurídico sepultó al Estado colonial que sometió y ultrajó a las grandes mayorías del territorio nacional, por más de 500 años. También, irrumpió como un nuevo modelo de administración de Estado, en reemplazo del vetusto sistema republicano que no supo responder a las transformaciones sociales, las demandas de la población y los desafíos del nuevo siglo y más al contrario dio continuidad a las prácticas colonialistas que regentaron en el país en sus cerca de 185 años de vigencia.

La CPE de 2009 es el alumbramiento de un nuevo pacto político y social en Bolivia cuyo origen como hecho político-social se remonta, al menos una década previa a su promulgación. Por aquel entonces Bolivia vivía tiempos de convulsión social y crisis económica como consecuencia de los magros resultados de las reformas económicas estructurales impulsadas por gobiernos neoliberales desde mediado de los años 80’s y durante toda la década de los 90’s del siglo pasado. Lejos de modernizar la economía y hacerla más próspera y productiva el modelo neoliberal acrecentó la pobreza, las desigualdades sociales y la carencia al acceso a servicios básicos, cultivando un clima de descontento social generalizado.

El estallido de la guerra del agua, el año 2000 en Cochabamba, fue liderado por un contingente de campesinos, indígenas y sociedad civil en contra de la privatización del agua y en defensa al libre acceso a los recursos naturales. Si bien existieron manifestaciones sociales y luchas sindicales previas, este conflicto se constituye en el hecho político primigenio que sentó las bases para redactar una nueva constitución. A este suceso le siguió un masivo levantamiento indígena-popular en la cuidad del El Alto, reconocido en nuestra historia como la guerra del gas. Aquellos bolivianos defendieron nuevamente los recursos naturales del país frente a la intención inconsulta de los gobernantes de exportar gas a los mercados de EEUU y Chile.

Ambos conflictos fueron la base para que se produzca una ruptura entre la sociedad y la política que terminaría derrumbando el sistema tradicional de partidos caracterizado por las alianzas y el cuoteo de cargos e instituciones. En el orden democrático se tradujo en un nuevo ciclo electoral que se diferenció por el surgimiento de las organizaciones sociales como entes políticos, por mayorías absolutas junto a una mayor presencia indígena en la asamblea legislativa. Todo ello culminó con el exterminio de la casi totalidad de los partidos políticos tradicionales de aquel entonces.

Esta nueva correlación de fuerzas encaminaría una nueva agenda de reformas a la arquitectura del Estado cuyo punto de partida fue la convocatoria a una Asamblea Constituyente en marzo de 2006 que era uno de los manifiestos incluidos en la agenda de los movimientos sociales de octubre de 2003.

La búsqueda de consensos y el trabajo por tiempo definido fue esencial para el cambio constitucional. En Chile, por ejemplo, el proceso constituyente fracasó luego de dos intentos fallidos por aprobar una nueva constitución en septiembre de 2022 y diciembre de 2023. Las demandas sociales que promovieron el cambio constitucional en ese país en 2019 no fueron rápidamente canalizadas y plasmadas en hechos políticos concretos, a pesar que hubo un cambio en la administración del Estado. También, se sembró desde los sectores conservadores de la derecha chilena un clima de desconfianza por un cambio radical que podría amenazar con el estado de derecho que alteró la composición de las fuerzas políticas al interior de la asamblea. No se lograron alcanzar acuerdos transversales que promuevan la unidad nacional, sino que se privilegiaron agendas políticas partidarias individuales en ambos escritos. Luego de cuatro años y cinco procesos eleccionarios -entre plebiscitos y elección de constituyentes- la sociedad chilena terminó extenuada.

A diferencia de lo que pasó en Chile, en Bolivia se trabajó por tiempo y materia. La Asamblea logró instalarse el 6 de agosto de 2006 con 255 representantes provenientes de 16 agrupaciones políticas. Empero, la resistencia conservadora, criolla, neoliberal trató por todos los medios hacer fracasar el proceso constituyente. Los partidos de oposición que eran minoría trataron de imponer un sistema de votación que les dé poder de negociación. Luego de intensas discusiones se alcanzaría a mediados de febrero de 2007 un acuerdo político que viabilizaría un esquema combinado de votación por mayoría absoluta y dos tercios, además de admitir la aprobación de informes de comisiones en mayorías y minorías para luego ser discutidas en el plenario.

El conservadurismo criollo y sus élites económicas no lograron persuadir al resto de constituyentes para continuar con el Estado Republicano, sistema que mejor protegía sus privilegios. Al contario, la visión de una plurinacionalidad dentro el territorio boliviano fue ganando más acogida entre sus miembros. Años después, las corrientes políticas radicales trataron de implantar una agenda federal encubierta a través de las autonomías. En el plano económico se consagró el rol productivo y redistribuidor del Estado y la propiedad de los recursos naturales estratégicos a favor de este. En lo cultural se revalorizó lo ancestral, lo indígena y se fortalecieron sus derechos políticos. Comenzó un periodo de descolonización y despatriarcalización del Estado desde las instituciones y desde el propio cuestionamiento de sociedad civil. En el plano ético social se propuso una nueva filosofía de vida a partir del paradigma del “Vivir Bien”.

A pesar de los intentos de dilación y entorpecer el proceso constituyente por las facciones conservadoras, el 9 de diciembre de 2007 en Oruro, el texto constitucional fue finalmente concluido en una memorable cesión en la que no participó la mayoría de los asambleístas opositores al gobierno de aquel entonces.

Como hecho inédito, el 25 de enero de 2009 se realizó el referéndum por la aprobación de la Constitución Política del Estado. Este acto electoral contó con el respaldo popular del 61,4% de los bolivianos, dando así el cierre a una etapa en la historia de Bolivia y comienzo de otra. La nueva constitución fue publicada en la gaceta oficial el 7 de febrero.

Los cimientos del Estado Plurinacional de Bolivia están forjados en la unidad de las organizaciones sociales, la lucha por la defensa de nuestros recursos naturales, el reconocimiento de los pueblos indígena originarios campesinos, la búsqueda del bienestar colectivos por sobre el individual, la interculturalidad como movimiento alter globalizador, la mayor participación del Estado en la economía y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, tal como reza el primer artículo de nuestra constitución.

La construcción del Estado Plurinacional es una verdadera transformación del Estado, sus instituciones y de la propia sociedad en su conjunto.

 (*)Omar Velasco Portillo es economista