Tras cinco días de debate, la comisión multipartidaria bicameral aprobó un acuerdo para convocar a las elecciones judiciales, discutir la autoprórroga de los magistrados y aprobar al menos siete créditos. El acuerdo, aprobado por consenso, es una victoria de la política. Se logró bajo presión del bloqueo de caminos, ahora en suspenso. El país espera que el acuerdo se cumpla.

Fueron necesarios 12 días de bloqueo de caminos, una medida radical y de alto costo impulsada por organizaciones afines al expresidente Morales, para que finalmente los actores políticos en la ALP destraben los comicios judiciales. Como establece la Constitución, la elección de las altas autoridades judiciales y constitucionales debió realizarse en 2023, pero fue bloqueada durante casi un año por acciones combinadas de actores políticos (en especial del Gobierno) y operadores en los tribunales.

En un acuerdo in extremis, el proceso volvió a la política y al órgano legislativo luego de su secuestro por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, que puso candados y trabas a las postergadas elecciones judiciales. En ese recorrido, la decisión más crítica, calificada de inconstitucional, fue la autoprórroga de los magistrados y consejeros que cumplieron su mandato el 31 de diciembre pasado. La exigencia de cese de estas autoridades fue el punto en discordia que impedía un acuerdo.

La buena noticia es que el pasado viernes los presidentes de las cámaras legislativas, los jefes de bancada y los presidentes de las comisiones involucradas firmaron un acuerdo para garantizar las elecciones judiciales 2024. Curiosamente, el acuerdo no fue firmado por el vicepresidente Choquehuanca, quien declaró un receso de facto en diciembre y dilató la convocatoria al diálogo. La ruta adoptada establece que este martes debe sancionarse la ley de convocatoria, con lo cual los comicios tendrán fecha.

Inmediatamente después está previsto el debate en la Cámara de Diputados sobre dos temas críticos. Por una parte, la aprobación de siete proyectos de ley de “financiamiento de la agenda económica” (nuevos créditos) y, por otra, el cese de los magistrados autoprorrogados, hoy solo defendidos por ellos mismos, el ministro de Justicia y algunos voceros del Gobierno. Ojalá el bloque arcista en la Asamblea no empantane la discusión y se retorne a la normalidad constitucional en el país, sin vacíos de poder.

Más allá del compromiso adoptado el viernes que, por supuesto, merece pleno apoyo, lo más relevante es que se reafirma la posibilidad de que los actores políticos relevantes dialoguen y logren acuerdos, al menos de procedimiento. Se evita así la parálisis en el órgano legislativo y se recupera la centralidad de la política. El país espera que, sin bloqueos que dañan la economía y perjudican a la población, las y los políticos estén a la altura en un año con difíciles retos y alta incertidumbre.