El diputado Walthy Egüez, del partido Creemos, denunció este viernes que las manifestaciones de protesta en Bolivia reciben un trato diferenciado por parte del Gobierno. Según sus declaraciones, cuando las manifestaciones son a favor del Gobierno, no sufren intervención policial ni represión. Sin embargo, cuando son en contra del Gobierno, son criminalizadas.

El diputado Walthy Egüez, del partido Creemos, denunció este viernes que las manifestaciones de protesta en Bolivia reciben un trato diferenciado por parte del Gobierno. Según sus declaraciones, cuando las manifestaciones son a favor del Gobierno, no sufren intervención policial ni represión. Sin embargo, cuando son en contra del Gobierno, son criminalizadas.

Egüez afirmó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene pleno conocimiento de cómo el Gobierno maneja las manifestaciones según su conveniencia. Además, señaló que Santa Cruz ha sido víctima de esta situación durante los 36 días de paro en los cuales se exigía un Censo Nacional correcto y oportuno.

Represión policial y responsabilidad gubernamental

Según el diputado, durante este tiempo la represión policial ha cobrado vidas y ha dejado cientos de heridos, supuestamente por órdenes del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo y del Presidente Luis Arce.

Estas declaraciones surgen a raíz de una nota emitida por la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), donde se exhorta al Estado boliviano a respetar los derechos humanos en el ejercicio constitucional de la protesta ciudadana.

Bloqueo de carreteras y conflicto en Bolivia

Desde el 22 de enero, Bolivia enfrenta un clima de alta conflictividad debido al bloqueo de carreteras durante 11 días. Hasta ahora se han registrado cuatro muertes como consecuencia de estos hechos. El conflicto inició después que el Gobierno decidiera prorrogar en funciones a magistrados del Tribunal Constitucional a pesar haber cumplido su período constitucional.

Derecho a manifestarse y abuso gubernamental

El diputado apuntó que el derecho del pueblo a manifestarse en contra de hechos que afectan su bienestar o por actos del Gobierno actual está reconocido en la Constitución Política del Estado (CPE). El Gobierno no tiene derecho a abusar o acallar las manifestaciones auténticas de la población.