¿Qué deberíamos entender por democracia? La democracia es el gobierno y el poder del pueblo. Fue una invención del pueblo ateniense entre los siglos VII y V a. C. Lo original residía en delegar la más alta función del Estado, la Legislativa, a una asamblea popular elegida por un número grande de ciudadanos, que se encargaría de debatir y aprobar las normas de carácter social llamadas leyes. Por ello el acto de legislar pasaba de un monarca o de una pequeña oligarquía que no rendían cuentas a nadie, a manos de una asamblea, donde lo principal era la contraposición de argumentos, hasta lograr una especie de consenso racional. Giovanni Sartori dice: “La democracia es el lugar por excelencia de la política y el gran invento de Occidente”.

Como cualquier sistema social la democracia ha sufrido muchos cambios y también ha sido utilizada para fines autoritarios, como ocurrió con la democracia ateniense al poco tiempo de su máximo esplendor. En el curso de los siglos la democracia ha pasado por modelos muy diferentes que tienen que ver con el sistema electoral y con la constitución del poder ejecutivo y su cambiante relación con el legislativo. La base electoral se fue ampliando en favor de los diferentes sectores sociales. Por ello hoy en día casi todos los seres humanos mayores de edad gozan de la calidad de ciudadanía que les da el derecho a elegir y ser elegidos en los poderes legislativo y ejecutivo.

Un impulso importante para el proceso de democratización fue la Revolución Británica (“La Revolución Gloriosa”, 1688-1689), que instauró el Gobierno de tipo parlamentario (el Ejecutivo tiene que tener un voto de confianza explícito del Poder Legislativo y cesa en sus funciones inmediatamente con un voto de desconfianza) y la primera proclamación de los derechos del individuo. La Revolución Francesa de 1789 confirmó el sistema parlamentario de Gobierno, amplió los derechos fundamentales e inició un programa educativo para que el ejercicio de la democracia sea comprendido por todos los sectores sociales. El derecho electoral se ha ido ampliando desde entonces y se ha convertido en el actual voto universal. Con algunas excepciones el sistema democrático ha sido hoy adoptado proforma (en apariencia) en casi todas las naciones del mundo en sus dos variantes principales: el sistema parlamentario ya descrito y el sistema presidencialista que fue originado en la Constitución de los Estados Unidos en 1787.

La Constitución Política del Estado Plurinacional actual de 2009 prescribe en su artículo 11. I: “la forma democrática participativa, representativa y comunitaria”. Continuando en el mismo artículo el texto constitucional establece la “democracia directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa” (artículo 11. II). Estas posibilidades de democracia directa han sido aprovechadas por la ciudadanía en muy pocos casos por una burocracia que no se acerca a los ciudadanos de a pie.

Es importante comprender que la democracia representativa es el sistema más usado a nivel mundial. Los votantes no deliberan sino por medio de sus representantes elegidos a un parlamento nacional y a asambleas regionales. En Bolivia la democracia representativa funciona por medio del poder legislativo elegido por voto universal, directo y secreto (artículo 11. II. 2). La democracia comunitaria se constituye mediante la “designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos” (artículo 11. II. 3)

En síntesis, en nuestro país existen tres tipos de democracia establecidas por mandato de nuestra Constitución: la directa y participativa, la representativa y la comunitaria. Entonces queda claro que no solo deberíamos basarnos en la democracia representativa para ejercer el poder democráticamente.  

Hoy en el país nos encontramos en una crisis política y social. Basándome en Aristóteles y en ejemplos históricos, tenemos que aceptar que todo sistema democrático puede ingresar en una fase de degeneración, como fue la demagogia de Alcibíades en la Atenas clásica, que llevó a esta ciudad Estado a su decadencia como sociedad.

La democracia representativa en nuestro país nos está llevando a la catástrofe por culpa de los demagogos que se insertan en los partidos políticos y son un obstáculo y una gangrena que socava el buen funcionamiento del aparato estatal para lograr el bien común. Una salida urgente es activar la democracia directa establecida en nuestra Constitución. Como se sabe por la historia reciente, la democracia directa ha sido uno de los puntos programáticos más valorados y usados propagandísticamente por regímenes socialistas y populistas. La Rusia de Lenin, la Cuba de los hermanos Castro y la Venezuela de Chávez y Maduro han propagado incesantemente la concepción de que la democracia directa es la adecuada respuesta del pueblo a la democracia representativa oligárquica. Los resultados dictatoriales e inhumanos de estos regímenes han ensombrecido la democracia directa.

Deseo rescatar la democracia directa para nuestro país en un aspecto específico a pesar de lo manifestado en el anterior párrafo. En paralelo a la elección de los magistrados judiciales se podría elegir a ciudadanos sin necesidad de que pertenezcan a partidos políticos o agrupaciones ciudadanas, y sin pasar por las complicadas trabas que el ordenamiento jurídico exige a los candidatos.

Los que postulan al Poder Legislativo y las asambleas regionales deberían ser candidatos independientes que no tienen las posibilidades de pasar exitosamente por la jungla burocrática, ni los partidos políticos; estos candidatos, según mi opinión estarían mucho más cerca de las auténticas demandas de los electores. Al solicitar la activación completa del artículo 11 al Órgano Electoral Plurinacional, desde la iniciativa ciudadana, deberíamos proponer una reingeniería electoral para que un ciudadano de a pie se postule de manera directa con su propuesta de proyecto y demuestre porqué le interesa ocupar un curul. De este modo un partido político ya no sería un obstáculo para el ciudadano que tiene derecho a ser elegido y que quiera aportar libremente al país sin necesidad de ninguna ideología ni sigla política. 

Erika J. Rivera es abogada.