La incertidumbre gobierna Bolivia luego de 11 días del bloqueo de caminos que impulsan sectores “evistas” en varios puntos del país. La ley de las elecciones judiciales postergadas en 2023, una de las demandas de los movilizados, no se concreta por disensos por la autoprórroga de los magistrados.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), por su parte, aprobó una medida cautelar que frena el tratamiento de la norma “hasta que no se cumpla con lo dispuesto en la Declaración Constitucional 049/2023”, que avala precisamente la prórroga de sus mandatos hasta que se tenga a nuevas autoridades.
El Gobierno y el ala “arcista” del Movimiento al Socialismo (MAS) defienden la autoprórroga bajo el argumento de que no se puede generar un “vacío de poder” en el Órgano Judicial.
Los partidos opositores, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos pidieron el cese de funciones de los cuestionados. En consonancia con esa premisa, el bloque “evista” del MAS exige su renuncia.
La expresidenta del Estado, Jeanine Añez Chávez, consideró ayer que el país está siendo “gobernado” por el TCP y que sus fallos son dictados en el Ministerio de Justicia.
“Bolivia está gobernada por un @TCPBolivia cuyos fallos son dictados en el Ministerio de Justicia; un Tribunal caducado y funcional al régimen del MAS que ha prescindido de la Asamblea Legislativa siguiendo el camino de la tiranía consumada en Cuba, Nicaragua y Venezuela (sic)”, publicó en sus redes sociales.
Por si fuera poco, el transporte interdepartamental colapsó ayer el centro de la ciudad de La Paz, en “protesta por los bloqueos impulsados por Morales”. La ciudad quedó colapsada hasta pasadas las 13:00 horas.
En medio de este incierto panorama, los sectores que respaldan al expresidente, Evo Morales, anunciaron que no levantarán la medida de presión hasta que los magistrados renuncien y se apruebe la citada ley.