En febrero de 2019, un joven dirigente irrumpía en la arena política. Lo hacía a través de las instituciones más representativas de la región, el Comité pro Santa Cruz. Era Luis Fernando Camacho, cuyo perfil ilusionaba al departamento en sus aspiraciones propias y nacionales.

Abogado y empresario, entonces era acompañado por Rómulo Calvo y Mario Aguilera, en quienes siempre confió. De este último ni se imaginaría en qué terminaría…

Sus primeras intervenciones políticas, y con efecto nacional, estaban referidas a los incendios en la Chiquitanía, que fueron su primer ejercicio contra el gobierno de Evo Morales. En plena campaña electoral, entre septiembre y octubre de ese año, su discurso ambientalista comenzó a ganar simpatía popular.

Rápidamente ganó influencia pública, al punto de ensombrecer a antiguos políticos detractores del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) como Carlos Mesa, Jorge Quiroga o Samuel Doria Medina.

Su perfil político se consumó días después de las fallidas elecciones generales del 20 de octubre. Propició el paro indefinido que semanas después tuvo consecuencias en la democracia: la renuncia de Evo Morales y la sucesión inconstitucional de Jeanine Áñez.

Había usado como bandera el “fraude” electoral y la premisa de un presidente “dictador”. Promovió una serie de cabildos multitudinarios en el Cristo Redentor de Santa Cruz y con transmisiones en vivo de la televisión. Desde ese foro se planteó el “punto final” de Morales, a quien le conminó a renunciar en 48 horas o firmar la carta de su renuncia que él mismo redactó.

Se dio la libertad de hacer todo lo que se le ocurrió en la mente, en público o en sus develaciones: acordar un pliego de demandas con la Policía Boliviana, invocar la intervención de las Fuerzas Armadas, encargar a su padre “cerrar” con militares y policías, proponer la “sucesión” de la decana del Tribunal Supremo de Justicia, hacer un pacto con un minero para “tumbar” a dinamitazos a Morales si es que la carta no causaba efecto hasta el 10 de noviembre, poner a su disposición al general William Kaliman a través de Luis Fernando López, promover el motín policial del 8 de noviembre, usar a policías para su protección, vestirse de policía, sugerir una “junta de notables” ante su idea de buscar la renuncia de las autoridades de todos los órganos del Estado, irrumpir en el Palacio Quemado, pagar —a través del general Gonzalo Terceros— el viaje de legisladores de oposición a la sesión de sucesión que nunca existió, costear —a través de personeros del Comité pro Santa Cruz y desde su cuenta del Banco Ganadero— pasajes y hotel de más de 50 personas en la ciudad de La Paz, ayudar el traslado de Áñez de Trinidad a La Paz (lo cuenta ella) y coordinar la conformación del gobierno de ésta a través de su abogado Jerjes Justiniano (lo cuenta también Áñez).

Se convirtió en un outsider de la política de entonces al llegar el 6 de noviembre a La Paz. Cuando Mesa y Quiroga quisieron abordarlo en el aeropuerto de El Alto, recibieron la noticia de que el recién llegado no quiere mezclar su lucha con los políticos.

Por todas esas sus actuaciones está encarcelado, acusado de varios delitos cometidos en 2019, en el penal de Chonchocoro.

Allí también masculla acusaciones sobre su gestión como gobernador de Santa Cruz.

Camacho fue elegido junto a Mario Aguilera, el binomio de la alianza Creemos que ganó las elecciones departamentales de 2021. Sin embargo, su idilio se fracturó ese mismo año y se decantó en 2022, cuando delegó sus funciones a uno de sus secretarios en vez de en[1]cagarlo al vicegobernador, como dispone el Estatuto Departamental de Santa Cruz.

Terminó acusando a su otrora jefe de campaña de “traidor” y “golpista”. Para resguardar su investidura y blindar su gestión desde prisión, mandó a la Asamblea Legislativa Departamental a aprobar la Ley 293, que impide que Aguilera pueda asumir la suplencia temporal ante la ausencia física del gobernador.

Ante su afán de aferrarse al poder, pese al impedimento físico, tuvo que ser el Tribunal Constitucional que lo obligue a ceder la gobernación a quien fuera hace poco vicegobernador, como establece el Estatuto de Santa Cruz.

Ahora Camacho está sin mando, aunque sus correligionarios lo ratificaron en el liderazgo de Creemos. Su alfil, Zvonko Matkovic, no reconoce la autoridad de Aguilera.

Es el camino que recorrió Camacho en su corta vida política, en la que empuñó discursos de rebelión, desobediencia institucional, libertad, democracia, federalismo, odio racismo y Dios. Sus actuaciones ponen en entredicho su carácter democrático y cierran un capítulo de su experiencia política, a la espera de su sentencia por su papel en 2019 y en adelante