Medio: Ahora el Pueblo
Fecha de la publicación: martes 30 de enero de 2024
Categoría: Conflictos sociales
Subcategoría: Marchas, bloqueos, paros y otros
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Por segunda semana consecutiva, Bolivia ha sido testigo de bloqueos de carreteras impulsados por seguidores de Evo Morales, bajo la bandera de defender la democracia y la institucionalidad del Órgano Judicial.
Sin embargo, el cambio progresivo de argumentos revela una realidad preocupante: estas medidas extremas buscan la habilitación del expresidente como candidato para las elecciones de 2025.
La Sentencia Constitucional 1010/2023 establece claramente que la reelección no es un derecho humano absoluto y puede ser legalmente restringida.
Esta decisión afecta principalmente a Morales, quien gobernó Bolivia durante 14 años. Ante esta determinación, el 22 de enero se inició un bloqueo de carreteras en Cochabamba, exigiendo la renuncia de los magistrados del Órgano Judicial.
Detrás de esta medida extrema se vislumbra una estrategia para generar un colapso en el país y forzar una salida política negociada. Sin embargo esta salida está fuera de las normas legales e institucionales, buscando un control indebido del Tribunal Constitucional.
Es necesario destacar que el acuerdo entre las bancadas opositoras de Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y Evo Morales parece apuntar a un cuoteo en el Órgano Judicial.
El proyecto de Ley 144, al no contemplar exámenes ni entrevistas a los candidatos judiciales, plantea un riesgo de cuoteo político al permitir que el voto sea en un solo bloque para todos los candidatos.
Frente a este escenario no solo de bloqueo de carreteras, sino de bloqueo económico al país, el gobierno del presidente Luis Arce ha expresado su compromiso con unas elecciones judiciales transparentes, idóneas y en pleno respeto a la Constitución Política del Estado.
Es fundamental desbloquear las carreteras y buscar una solución que garantice la participación ciudadana en la elección de las autoridades judiciales.
Urge rechazar cualquier intento de desestabilización y caos que busque modificar las decisiones judiciales vigentes. Bolivia necesita un proceso electoral justo y en consonancia con las normas establecidas.
Es momento de poner fin a las tensiones y trabajar juntos por una democracia sólida, basada en el respeto a la Constitución y la voluntad del pueblo boliviano.