Un nuevo y angustioso intento para resolver la crisis del sistema judicial del Estado Plurinacional, que ya dura más de seis meses, ha sido lanzado por el presidente nato del Órgano Legislativo, a fin de llevar adelante elecciones judiciales con la participación de la ciudadanía, entre los candidatos aprobados por comisiones diversas, algunas de ellas por diputados y senadores. Esta crisis trae cola muy larga y enredada. Y se espera que, en esta oportunidad, la sugerencia del vicepresidente tenga resultado favorable y, en esa forma, se ponga fin a un conflicto que ha vulnerado la existencia del Órgano Judicial.
Sin embargo, pese a los antecedentes mencionados, la solución de esta crisis tiene grandes dificultades, desde la novedosa formulación de elecciones judiciales en la Constitución Política del año 2009, procedimiento que no es conocido en otros países. Es más, cuando se puso en práctica ese nuevo ordenamiento, la preselección y elección de magistrados no tuvo éxito. Es más, los magistrados no pudieron ser posesionados mediante el voto popular y se debió recurrir a otros métodos.
Lo peor del caso fue que esa elección de candidatos a magistrados no fue como esperaba la ciudadanía, por lo que la justicia perdió su independencia ante el Órgano Ejecutivo y dejó de cumplir sus funciones con la libertad que debería haber entre los poderes estatales para resolver los asuntos que llegan a sus manos. Esos aspectos desprestigiaron al Órgano Judicial en todos sus niveles y se planteó no solo la reforma administrativa de la justicia, sino también de la misma justicia, aunque las proposiciones tampoco pudieron llevarse a cabo. Numerosos intentos posteriores para resolver esa situación también se frustraron y, finalmente, no se pudo preseleccionar a los candidatos, mucho menos realizar las elecciones para magistrados.
Tan agudo fue el problema, que el Tribunal Constitucional argumentando que se podía producir un “vacío de poder” en ese organismo, determinó prorrogar a los magistrados, lo cual originó una crisis de proporciones políticas. Es más, ese tema judicial fue convertido en bandera política y partidos de izquierda y derecha terminaron en una alianza, pidiendo el cumplimiento de las medidas constitucionales contra dicha prórroga.
Ese proceso también estaba descartado y el presidente nato del Congreso convocó a las partes implicadas en la crisis para resolverla, lo que implica repetir errores iniciales. Es más, en caso de aplicarse la Constitución Política, sería muy difícil atender los antagónicos puntos de vista en cuanto a la cuestión. Es más, al parecer se tendría que aplicar la misma medida de elecciones populares de magistrados, no obstante que posiblemente nada resuelvan.
En esa forma, si son desconocidos la lógica y el sentido común, se caería en un círculo vicioso y el error sería peor que la enfermedad, lo cual, además, podría servir de pretexto para un cambio violento de timón que ponga borrón y cuenta nueva a la situación que preocupa al país.

Y se espera que, en esta oportunidad, la sugerencia del vicepresidente tenga resultado favorable y, en esa forma, se ponga fin a un conflicto que ha vulnerado la existencia del Órgano Judicial.