A pesar de que la Constitución Política establece en el Artículo 21 que bolivianas y bolivianos tienen derecho a “la circulación en todo el territorio boliviano”, este precepto es uno de los más olvidados desde hace más de quince años. Es decir que no siempre es irrestricto el libre tránsito por el país, por el surgimiento frecuente de conflictos sociales. Y es que una de las acciones preferidas del MAS para presionar a fin de conseguir objetivos políticos es organizar bloqueos de caminos y carreteras, causando graves perjuicios económicos a sectores de exportadores, artesanos, agricultores y transportistas.
Tal situación perjudicial se vuelve a repetir en estos días, cuando afines al sector masista que apoya a Evo Morales han decidido bloquear carreteras, exigiendo que los magistrados auto prorrogados renuncien y se dé curso a las elecciones judiciales. También solicitan la dimisión de algunas autoridades nacionales. Al respecto, causa malestar que los cabecillas de los bloqueos arguyan que es para hacer respetar la Constitución Política, asumiendo que el “pueblo” está de acuerdo con ellos, pero la población no ha sido consultada mediante cabildos o referéndum. Como se advierte, hablar en nombre del “pueblo” en tales circunstancias resulta otra muestra de demagogia y política barata.
Tampoco se debería acusar a la prensa o a quienes opinan sobre el tema de señalar a Evo Morales como propiciador de los bloqueos, quien supuestamente los rechaza. Pero si eso fuera verdad, debería asumir una posición tajante para oponerse a tal medida tan dañina para la economía de la mayoría de la población. Como se advierte, bloquear es una acción que caracteriza al MAS y refleja que sus dirigentes carecen de otros métodos de presión que no perjudiquen a millones de bolivianos que necesitan, ahora que la situación económica es crítica, trabajar para sustentar a sus familias, sin recurrir a las arcas del Estado.
En cuanto al retraso de las elecciones para elegir magistrados, se debe, principalmente, a la falta de voluntad política, a enfrentamientos entre arcistas y evistas, unos porque no quieren cambios en la administración de justicia y otros porque no aceptan que sea rechazada la postulación de Morales a la presidencia en el año 2025. Pero ambos sectores del MAS olvidan que el procedimiento para elegir magistrados mediante voto popular ha fracasado en dos oportunidades anteriores, lo que implica que tal sistema no es confiable. Y prueba de ello es el estado lamentable de la administración de justicia actual.
El libre tránsito tampoco se aplica en zonas donde prevalecen actividades irregulares como el narcotráfico o el contrabando, a donde ni las fuerzas del orden pueden ingresar sin resistencia violenta. Por otra parte, durante campañas electorales, a ciertas regiones donde prevalece el dominio masista, candidatos de oposición no pueden ingresar. Lamentablemente, ahora prevalece el “derecho a la protesta”, de sectores masistas, sin que los gobernantes de turno se esmeren para garantizar el derecho a la libre transitabilidad, que está establecido en la Constitución Política, que tanto es mencionada por conveniencia pasajera.