En los últimos años se ha generalizado la utilización de la medida del bloqueo de las principales carreteras del país como escenario para la resolución de cualquier controversia, la mayoría de carácter vecinal, otras debido a conflictos sindicales, y, por último, las que tienen que ver con relación a las disputas por el control partidario y la candidatura presidencial al interior del partido oficialista. En todos estos casos, la víctima es la misma, la economía productiva nacional que se ve perjudicada por los cortes de las rutas con los consiguientes perjuicios, tanto en los costos adicionales de transporte, la destrucción de mercadería perecedera, y lo que es casi irreparable, la perdida de contratos internacionales de exportación.

Igualmente sufren estas consecuencias negativas las poblaciones que han venido desarrollando con mucho esfuerzo un sector turístico al cual han apostado inversionistas privados generando un interesante movimiento económico y constituyéndose en la base de la creación de empleo en las ciudades intermedias, como siempre destaca Carlos Hugo Molina, en sus interesantes y valiosos estudios sobre el desarrollo urbano de estas localidades.

¿Qué está pasando? Frente a la progresiva desarticulación del sistema político y los obstáculos puestos desde el centralismo para que las autonomías departamentales y municipales asuman mayores competencias en áreas fundamentales para la convivencia y la paz social como la seguridad ciudadana, u otros, como una mayor autonomía fiscal que les permitiera a las gobernaciones y municipios fortalecer su capacidad de respuesta frente a las demandas ciudadanas, al final del día el único que tiene autoridad sobre las fuerzas del orden público es el Gobierno central, que además concentra el 85% de los recursos del Presupuesto General de la Nación.

Esta debilidad institucional del conjunto del Estado y su falta de capacidad de resolver conflictos está llevando a un escenario en el que la política, o, mejor dicho, la disputa política se traslada a las carreteras, mediante el uso generalizado de los bloqueos para plantear disputas de todo tipo. Los espacios institucionalmente diseñados para el debate político, como los Concejos Municipales, las Asambleas Legislativas Departamentales o la Asamblea Legislativa Plurinacional, se están volviendo irrelevantes, con todo el peligro que representa la sustitución de estos escenarios de resolución pacífica de los conflictos por la apuesta de la gente a las medidas de hecho, lo que implica el fracaso de la política.

La mayoría corresponden disputas vecinales, conflictos de carácter municipal en los que los ciudadanos que reclaman la falta de atención de alguna demanda se trasladan a alguna ruta nacional cercana para cortarla y así llamar la atención sobre alguna reivindicación local. Resulta llamativo ver a las principales autoridades del Ministerio de Obras Públicas o de la ABC “exhortando” a los alcaldes correspondientes, la mayoría electos por el mismo partido oficialista, para que puedan solucionar determinado conflicto y así se normalice el tránsito por las principales vías del país.

Como si esto ya no fuera un problema suficientemente complejo, para agravar aún más la situación, la disputa por el control partidario y los espacios de poder al interior del partido oficialista también se están efectuando alrededor de las carreteras donde uno y otro bando disputan el control de espacios territoriales o la dirección de entidades públicas. Peor aún, al parecer la disputa de la candidatura oficialista también se resolverá mediante los bloqueos de las principales carreteras nacionales. De esta forma no sólo son las instancias legislativas las que pierden su razón de ser, sino también las asambleas sindicales y los congresos partidarios, lo que refleja las perniciosas consecuencias del proceso de desinstitucionalización del país.

Como en muchas otras áreas de la sociedad, la desinstitucionalización genera peligrosos escenarios en los cuales se debilita la convivencia pacífica y se inviabilizan las principales opciones de desarrollo económico del país, desincentivado las inversiones que sobre todo necesitan seguridad, ya sea jurídica para los derechos de propiedad como física para garantizar el libre tránsito de las personas y mercaderías por las rutas del país.