En un pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo recordó que el ejercicio del derecho a la protesta pacífica debe ser garantizado por el Estado, de modo que la Policía debe ajustar cualquier intervención a los estándares internacionales de uso de la fuerza; asimismo, exhortó a los movilizados respetar el derecho de terceros ajenos al conflicto.

“Ante el anunciado diálogo por parte del Gobierno, corresponde a los diferentes órganos del Estado abordar la situación de conflictividad que pone en riesgo la convivencia social, asumiendo acciones que resuelvan la convocatoria a elecciones judiciales”, señala el comunicado.

Agrega que, a lo largo de nueve meses, la Defensoría insistió a los órganos del Estado, en su condición de garantes del ejercicio de los derechos de la ciudadanía, “a que efectivicen el proceso de designación de las altas autoridades judiciales y de la jurisdicción constitucional y de esta manera se materialice el derecho de la ciudadanía a elegir a sus autoridades mediante un proceso transparente, participativo, íntegro e inmediato”.

Agregó que no “deja de preocupar que, pese a estas exhortaciones, se haya producido la prórroga de magistrados, aspecto que tensiona aún más los ánimos de la población y obliga a una parte de la ciudadanía a manifestar su rechazo en las calles y usar otros mecanismos de libre expresión como protesta”.

Desde el lunes, sectores afines al expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales iniciaron un bloqueo de caminos en rechazo a la prórroga de los magistrados y para exigir elecciones judiciales.

El 12 de diciembre, los Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la Sentencia Constitucional 049/2023, dispuso la prórroga de mandato de los actuales magistrados “de manera excepcional y temporal, hasta tanto sean elegidas e instaladas las nuevas autoridades”.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, reiteró este martes que de la medida que pretendía ser de alcance nacional se redujo solamente al departamento de Cochabamba, considerado el bastión político de Morales.