El Gobierno de Bolivia destacó este lunes el llamado de la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU, Margaret Satterthwaite, para avanzar en la celebración de las elecciones judiciales, por lo que insistió en la necesidad de concretar un “gran acuerdo nacional” que aborde todas las inactivas legales para posibilitarlas.

El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que el llamado de Satterthwaite, de instar a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia a avanzar en la celebración de las elecciones judiciales, garantizando un proceso de preselección transparente, participativo e integral, coincide con la postura expresada por el Gobierno nacional desde hace tiempo.

“La relatora manifiesta su preocupación por el retraso en la elección de las máximas autoridades judiciales del país y nos pide, lo que venimos insistiendo desde el Gobierno nacional, un acuerdo nacional, que los candidatos y candidatas sean calificados por la Asamblea Legislativa y que exista participación de la sociedad civil”, destacó Lima en conferencia de prensa.

En un comunicado, la experta de la ONU, insistió en la “importancia de realizar un proceso transparente, participativo e integral para preseleccionar a las y los candidatos en la Asamblea Legislativa Plurinacional y avanzar en la celebración de elecciones”.

Lamentó que la “ausencia de acuerdos políticos” en el Legislativo boliviano se haya “traducido en el vencimiento de los mandatos” de las y los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura el 31 de diciembre de 2023.

Señaló, además, que la “realización de estas elecciones judiciales es uno de los elementos clave para garantizar la independencia y la imparcialidad de la justicia en Bolivia”.

Desde marzo de 2023, la Asamblea Legislativa impulsó tres procesos de preselección de candidatos a las elecciones judiciales, pero éstos no se concretaron por normativas que vulneraban preceptos constitucionales como el derecho a la libre expresión.

Además, se obvió el mandato constitucional de los dos tercios y en el último proyecto de ley 144 se suspendía todos los plazos procesales, por cuya razón, entre otras, fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Por el fracaso en la Asamblea, el TCP declaró la prórroga de mandato “de manera excepcional y temporal” de los magistrados y consejeros “hasta que se elijan y posesionen las nuevas autoridades”, según la sentencia 0049/2023, recalca el comunicado de la experta de la ONU.

En rechazo de esta decisión, los seguidores del expresidente Evo Morales iniciaron, desde inicios de mes, protestas en la capital del Estado, Sucre, y este lunes, un bloqueo de caminos.

Además de exigir la renuncia de los magistrados y consejeros, los bloqueadores defienden la nueva postulación de Morales a pesar de que la sentencia constitucional 1010/2023 se lo impide.

Luego de reprochar esa medida, el vicepresidente David Choquehuanca convocó este lunes a un espacio de diálogo concertado para garantiza la celebración de las elecciones judiciales.

“Ha llegado el momento de sanar la Justicia. La experiencia nos enseñó que la administración de Justicia independiente no se resuelve con elecciones judiciales manipuladas, no se resuelve con bloqueos de caminos la democracia nos da oportunidades para llegar a consensos. El camino es el diálogo”, indicó durante el acto por el Día del Estado Plurinacional en el hall de Casa Grande del Pueblo.

Lima reforzó el llamado del vicepresidente y señaló que el país está en la oportunidad de elegir a sus magistrados y consejeros en el marco de un “gran acuerdo nacional”, donde no se imponga el cuoteo, “como propone el proyecto de ley 144 y el acuerdo entre Carlos Mesa y Evo Morales”, ni la “imposición” de una sola fuerza política.

Para alcanzar este gran acuerdo nacional, Lima indicó que primero las directivas del Senado y de Diputados deben ponerse de acuerdo en qué instancia ajustará el proyecto de ley 144 a la sentencia constitucional 049/2023 que declaró inconstitucional varios artículos y disposiciones.

Pero, además, recordó que el proyecto de ley 144 tiene varias irregularidades y que impone “reglas de cuoteo” en la justicia porque anula los exámenes, las entrevistas y plantea un voto en plancha.

“Eso no premia la meritocracia”, cuestionó el ministro.

De forma adicional a este proyecto de ley, el ministro dijo que en un diálogo para garantizar las elecciones judiciales se debe considerar las propuestas del jefe de bancada del MAS, Jerges Mercado, y de la senadora de Comunidad Ciudadana, Silvia Salame, y también la iniciativa de reformar la Constitución que plantea el grupo de juristas, representando por el exalcalde Juan del Granado.

“Lo que no podemos dejar de hacer es dialogar para encontrar una solución lo más pronto posibles. Lo que quiere el pueblo boliviano y el Gobierno es que esta preselección sea con reglas claras y no con cuoteo, es lo que buscamos en este diálogo nacional”, enfatizó.