De acuerdo con Mérida: “La resolución del Tribunal Constitucional en Sucre, que debía resolverse en 15 días se dilató a 45, porque buscan su detención”.

“Víctor Osinaga está pidiendo la revocatoria de mis medidas sustitutivas, recordemos que en este proceso de los trabajadores después de mi detención domiciliaria he sido beneficiado con medidas sustitutivas”, declaró. 

Argumenta que no tengo trabajo y acompaña la resolución del juez Elvis Isaac López, que el 8 de junio dispuso que el Concejo designe un  nuevo alcalde como efecto de una acción de cumplimiento de una sentencia en primera instancia. Tras este hecho Mérida apeló y la jueza Olma Rojas dispuso su restitución. Pero, por un conflicto legal el caso se envió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Mientras tanto se halla como alcalde suplente Zacarías Jayta.  “Fíjense  si resuelve mi defensa con el amparo ya no existiría peligro para mi libertad. Pero ese es el plan el 21 de agosto quieren revocar mis medidas”, dijo Mérida.

Osinaga

El concejal Víctor Osinaga (MAS) confirmó que ha pedido la detención preventiva del alcalde Mérida por un caso distinto a su suspensión que tiene que ver con el proceso laboral de un grupo de trabajadores. Y adelantó que también han solicitado la detención de Richard Agreda Giovanna Maldonado, esposa del munícipe por el caso audios para el presunto cobro de diezmos para el desayuno escolar, porque viajó a Panamá sin registrar su salida y sólo reportó su retorno.    

Sobre Mérida dijo: “He presentado un memorial solicitando la modificación de las medidas cautelares, porque su situación ha cambiado”.  

Vigilia

El alcalde electo anunció que el jueves 16 de agosto unas 300 personas se trasladarán a Sucre para realizar una vigilia en el TCP a la espera de que el máximo tribunal  se pronuncie.

La Sala Penal Primera del TCP de la vocal Karen Gallardo tiene a su cargo resolver tanto la defensa del amparo que restituye a Mérida en sus funciones por falta de una sentencia ejecutoriada, como el recurso de queja que interpuso un ciudadano  para que Mérida cumpla una sentencia de primera instancia de casi 4 años por la presunta falsificación de su libreta militar.

El Playón   

Por otro lado, Mérida lamentó que la actual gestión no se haya pronunciado sobre la defensa  de las 90 hectáreas del Playón de Maquina, al norte del municipio y con un valor estimado de 34 millones de dólares.

Explicó que después del amparo, la acción popular y el recurso concreto de inconstitucionalidad que se hizo en su gestión para recuperar las 90 hectáreas, 54 dotadas para actividades ganaderas a la familia Campos Pinto, ahora está en marcha un recurso de una acción de inconstitucionalidad de parte de la diputada del Beni, Ruth Franco.

El municipio Quillacollo  defiende la propiedad del Playón desde hace 11 años, pero transcendió que además de la familia Campos Pinto hay sectores cercanos al MAS que buscan anula la Ley 3975, que declaró el lugar un bien de dominio público.