Las jefaturas de bancada por la agrupación política Creemos en Diputados y Senadores, rechazaron y denunciaron una flagrante violación a las prerrogativas de fiscalización con la que cuentan asambleístas nacionales. Esta posición la dieron a conocer, luego de la determinación del juez Carlos Alberto Moreira, del Juzgado 15° de Sentencia Penal, en la que dispone procesar por la vía penal al diputado de esta organización política, Erwin Bazán.
Mediante un pronunciamiento, se denunció que desde el Gobierno se está movilizando un plan de persecución política contra el diputado Erwin Bazán, a fin de acallar y proscribir sus facultades fiscalizadoras.
“El ministro de Gobierno inició procesos penal y civil contra el diputado Bazán por supuestas calumnias e injurias a causa de declaraciones emitidas en el marco de un acto protocolar en ocasión de la efeméride del Departamento de Santa Cruz”, señala la nota.
Se cuestiona que, además de una irreverente actitud ante los actos patrios organizados por la Gobernación de Santa Cruz, el ministro de Gobierno haya utilizado este hecho para iniciar indebidos procesos por supuestas calumnias e injurias, mismos que han sido debidamente rebatidos, presentando el incidente por falta de acción explicando, además, que existe un impedimento legal para proseguir con la demanda emergente de la protección judicial por acciones u opiniones que otorga la CPE a los Legisladores Nacionales por emitir criterio u opinión en el marco de sus funciones legislativas.
Según el artículo 151 de la Constitución Política del Estado, “Los asambleístas gozarán de inviolabilidad personal durante el tiempo de su mandato y con posterioridad a éste por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que formulen o realicen en el desempeño de sus funciones, no podrán ser procesados penalmente”.
En ese marco, se rechaza que el juez Carlos Alberto Moreira, del Juzgado 15º de Sentencia Penal, haya declarado infundada esta disposición constitucional, transgrediendo así la inviolabilidad parlamentaria con todas las consecuencias que la persecución política pretende.
“Este acto es un nefasto antecedente que deja indefensos a todos los legisladores nacionales, Diputados y Senadores y se constituye un claro hecho de hostigamiento, persecución y amedrentamiento en contra del diputado Bazán”, se señala.
Por lo expuesto, la bancada de Creemos manifestó su rechazo e indignación por tal acto antijurídico, inconstitucional y violatorio de las prerrogativas parlamentarias y se previene al país por las funestas consecuencias de un supuesto “plan político dictatorial”.
Desde la bancada de Diputados en Comunidad Ciudadana, se repudió la judicialización de la política de la que es víctima el asambleísta Bazán, señalando que es perseguido penalmente por el hecho de haber cumplido con su labor fiscalizadora.
“No conformes con tener suspendidas las interpelaciones, el Gobierno masista, a través de sus operadores en el Organo Judicial pretende acabar con la inmunidad parlamentaria para enjuiciar y perseguir a quien se atreva a fiscalizarlos”, señala un pronunciamiento de CC.