Los puntos de bloqueo en las carreteras del país se incrementaron en las últimas 24 horas. Ayer a las 08.30 se tenía el dato de 16 sectores intransitables y a las 09.15 de este jueves subió a 22 los tramos cortados por grupos sociales que exigen la renuncia de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial.

Los puntos de bloqueo en las carreteras del país se incrementaron en las últimas 24 horas. Ayer a las 08.30 se tenía el dato de 16 sectores intransitables y a las 09.15 de este jueves subió a 22 los tramos cortados por grupos sociales que exigen la renuncia de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial.

De acuerdo con el reporte de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), de los 22 puntos bloqueados, 13 están en el departamento de Cochabamba, seis en Potosí, dos en Santa Cruz y uno en Oruro.

En Cochabamba se instalaron puntos de bloqueo en la ruta Llavini – Bombeo; Parotani – Llavini; Suticollo – Parotani; Sacaba – Cochabamba; Paracti – Colomi; San Jacinto – Paracti; Paracaya – Chaco; Cruce Vacas – Arani; Rodeo – Cruce Vacas; Obra – Rodeo; Puente Lope Mendoza – Epizana; Pojo – Trapos; y Puente Lágrimas, límite Cochabamba – Santa Cruz.

En Potosí los bloqueos se registran en el límite entre Oruro y Potosí, en el cruce Kharipuyo; entrada Macha – Tomaycuri; entrada Ocurí – salida río Tahuareja; Belem Pampa – Yocalla; acceso a Betanzos – carretera a Puna; y Taruchipa – Betanzos.

En Santa Cruz, la ABC reporta bloqueos en San Germán, límite departamental entre Santa cruz y Cochabamba; y Portachuelo – Buena Vista.

Y en Oruro existe un punto de bloqueo en el sector de Ventilla, límite departamental con Potosí.

Desde el lunes, sectores sociales afines al expresidente Evo Morales iniciaron el bloqueo de caminos exigiendo la renuncia de los magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). El Gobierno advirtió que, por día de bloqueo, el país pierde unos $us 128 millones. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, calificó el bloqueo de campesinos y cocaleros como un “sabotaje” a la economía.