Después de que relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU, Margaret Satterthwaite, expresara su preocupación por la demora de las elecciones judiciales, CORREO DEL SUR solicitó una entrevista para hablar sobre el tema, que la experta accedió a contestar mediante un cuestionario por escrito.

CORREO DEL SUR (CS).- ¿Qué sectores le expresaron su preocupación por la actual crisis judicial en Bolivia?

Margaret Satterthwaite (MS).- Desde que mi predecesor realizó una visita al país en 2022, el mandato que represento ha dado seguimiento a los acontecimientos en el país.

CS.- ¿Cómo recibió el Gobierno de Bolivia su preocupación por el retraso de las elecciones judiciales?

MS.- Mi diálogo con las autoridades bolivianas ha sido positivo.

CS.- ¿La Relatoría observa la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que prorroga los cargos de las actuales autoridades judiciales o que esta prórroga no tenga un tiempo perentorio?

MS.- Como dije en mi comunicado público, dado que hasta el momento no se ha fijado una fecha para las elecciones judiciales, me preocupa que esta falta de acuerdo político pueda socavar la independencia del poder judicial en el país y que los actuales titulares hayan sido prorrogados por un período indefinido.

CS.- ¿Hay algún antecedente similar en otros sistemas?

MS.- No tengo conocimiento de ellos en este momento.

CS.- ¿Un vacío de poder en el Órgano Judicial boliviano también está dentro de sus preocupaciones?

MS.- Como dije en mi comunicado de prensa, mi principal preocupación es el retraso en las elecciones judiciales, requisito constitucional para el nombramiento de los magistrados del tribunal superior y del Consejo de la Judicatura en Bolivia.

CS.- A la luz de la coyuntura actual, ¿ve mayor politización de la justicia en Bolivia? ¿Ve responsables?

MS.- La politización de la administración de justicia es un problema mundial. Nos compete a todos y todas en nuestros países respectivos estar bien informados y participar de manera proactiva para identificar y evitar la politización de la justicia. Todos los poderes del gobierno, así como la sociedad civil, pueden contribuir respetando y promoviendo un poder judicial independiente y entendiendo su papel para garantizar el debido proceso y el estado de derecho.

CS.- Respecto a las recomendaciones formuladas por su antecesor tras su visita en 2022, ¿qué avances ve en Bolivia y qué debilidades?

MS.- No es posible que un Relator Especial haga este tipo de evaluación en un instante. Tenemos un mandato que abarca todo el mundo y tratamos de apoyar a los países en sus esfuerzos por garantizar la protección de los derechos humanos y, en mi caso en particular, la independencia del poder judicial. Nosotros, las y los Relatores, dialogamos con los países cuando surge la necesidad, y por eso hablé con las autoridades bolivianas sobre el retraso en las elecciones judiciales y luego emití un comunicado público.

CS.- Ese informe justamente señala que la Relatoría tomó nota de las preocupaciones sobre el sistema de designación de autoridades judiciales. ¿Cómo cuidar el proceso para que consideraciones de índole político no prevalezcan?

MS.- Esta es una decisión que Bolivia debe tomar por sí misma, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. Hay muchas formas diferentes de realizar los nombramientos, por lo que Bolivia podrá elegir la que mejor le convenga. Sin embargo, lo que ya puedo decir es que la participación de la sociedad civil es clave.