En el primer mes del año asoma la incertidumbre. Los problemas no resueltos en la gestión pasada crearon un escenario de alta conflictividad; La Razón lo puntualiza: “Ante críticas por prórroga al menos dos magistrados renuncian”; “Las RIN llegan a los $us 1.709 millones, similar a 2005”; “Montenegro: en la economía informal hay $us 10.000 MM”; “Arce se arropa en el Pacto de Unidad y critica la división”; “Un prorrogado Huarachi en la COB recibe apoyo moral”; “Vinto pide a Huanuni y Colquiri pagar $us 951 por t tratada”; “Lima desahucia a Evo como candidato; él dice que no se rendirá”; “Biodiésel ahorrará $us 450 millones anuales al país”; “El Gobierno instruye austeridad en gastos en entidades públicas”; “Medio Tipuani está bajo el agua, hay 600 familias afectadas”; “CBC invertirá $us 100 MM para emplazar planta piloto de litio”; “Andrónico convoca a reunión para allanar el camino de las judiciales”.

La postergación de las elecciones judiciales marca un tensionamiento previsible, la situación ha sido creada por intereses políticos confrontados, interferencia de poderes y finalmente negligencia. El Ejecutivo se lava las manos, achacando a la Asamblea Legislativa Plurinacional, olvidando que la cabeza de ella es el Vicepresidente, miembro del Ejecutivo. La solución es simple, pero difícil de aceptarse, convocatoria consensuada de la Asamblea, no hay otra.

El proceso de cambio tiene un titular, las organizaciones sociales, en particular las del área rural, son ellas las que han dicho “votemos por nosotros mismos”; a fuerza de duras luchas este anhelo se coronó con el triunfo del MAS-IPSP en 2005. Su fuerza estuvo en la estructura nacional que tienen, la cohesión de su discurso: anticapitalista y anticolonial, y un liderazgo indiscutible. La función gubernamental las ha debilitado y ha dado paso a su cooptación; el proceso de cambio se frustra si las organizaciones sociales —incluida la COB— no recuperan su autonomía, logren su unidad y erijan un liderazgo, el actual u otro, para desarrollar estas tareas.

El ministro Lima hace de vocero del TCP y tribuno del Poder Electoral y no precisamente de justicia, que es reconocer los derechos de todos y todas. El principal argumento interpuesto para la buscada inhabilitación de Evo Morales es la declaración de la CIDH, la que se dirige al entorno latinoamericano y no solo a Bolivia, así no aplica para que Lula no pueda volver a presentarse a elecciones luego de una pausa; además nuestra Constitución es clara, dos gestiones continuas. No hay tal entuerto.

Escasez de divisas. Uno de los éxitos del modelo económico fue el crecimiento de las exportaciones, cinco veces: lo paradójico es que no hay divisas, la permisividad con el sector privado hace que éste envíe sus ganancias a los paraísos fiscales o simplemente no las devuelven al país, mientras las empresas estatales cargan con las obligaciones nacionales. Sin mayores vueltas, la obligatoriedad de entrega de las divisas al Banco Central resolvería el problema, sin embargo, para esto se necesita decisión y voluntad política. Más allá de esto, ciertamente hay que aumentar la capacidad exportadora del país; el litio era una esperanza, sin embargo, la gestión se ha avocado a firmar convenios que no dan resultado. La empresa china CBC acaba de firmar un nuevo contrato para instalación de una planta piloto para la producción de 2.500 toneladas de carbonato de litio; en 2022 se comprometieron a instalar una planta de 150.000 toneladas. ¿Es que los convenios no son obligatorios?

La pelea entre las empresas estatales las muestra como feudos, consecuencia de la inexistencia de un ente matriz y director de la cadena productiva minera; la situación actual llevará a la quiebra a las empresas. Si bien Vinto debe a Huanuni y Colquiri $us 90 millones y $us 25 millones, respectivamente, cada una debe más de $us 50 millones al Estado. Urge la integración de las empresas en una corporación minera metalúrgica.

La sustitución del diésel por el biodiésel ahorrará $us 400 millones por año, pero se dejará de exportar $us 250 millones de aceite de soya por su utilización en el proceso, ya que las plantaciones de palma negra, sorgo, morococo, no existen. Lo mejor sería prohibir la importación de automotores que funcionan con diésel y gasolina, y facilitar el ingreso de eléctricos y a gas.

El oro nos pone ante el dilema de vida o muerte, hay que defender la vida de los hombres y la naturaleza; pero, ante todo, defender la riqueza del país. Requerimos un esfuerzo nacional para la explotación racional, la seguridad de los trabajadores y habitantes de las regiones productoras y el beneficio de todos/todas los bolivianos, el oro lo garantiza.

Así el año se pinta difícil, pero los problemas no son insolubles, simplemente hay que recuperar el ajayu plurinacional, ser amplios y ponerse a trabajar.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero