El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Olvis Egüez, afirmó que la prórroga de mandato de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) es única y exclusiva responsabilidad del Legislativo, por no haber viabilizado la preselección de candidatos y elecciones judiciales en 2023.

“La única y exclusiva responsabilidad de esta situación (la prórroga de mandato) la tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional, son ellos quienes debieron, en su oportunidad, promover, dialogar, debatir, aprobar, sancionar y promulgar una ley y sus reglamentos para las elecciones judiciales”, insistió en declaraciones en la red Gigavisión.

“Nosotros no pedimos quedarnos prorrogados, no pedimos ninguna continuidad, es más, en el tema personal yo quisiera entregar (la oficina), pero a las autoridades que constitucional y normativamente sean elegidas”, explicó.

Si el TCP optó por la continuidad de funciones de los magistrados y consejeros, lo hizo por un eventual “vacío de poder” que se podía haber generado por la conclusión de la gestión de seis años de las autoridades del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

“El acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva frente a una regulación de un periodo de funciones es lo que ha ponderado el Tribunal Constitucional, tampoco podemos pretender dejar al pueblo boliviano sin acceso a la administración de justicia”, enfatizó.

Desde marzo de 2023 que no prospera el proceso de preselección de los aspirantes al Órgano Judicial y al TCP, por reglamentos elaborados por la Asamblea con vicios de inconstitucionalidad.

El primer reglamento aprobado el 27 de marzo de 2023 fue anulado el 12 de abril debido a un fallo de la Sala Constitucional Primera de Beni, a demanda del abogado Miguel Ángel Balcázar, quien observó el requisito de no emitir comentarios políticos en medios de comunicación o de manera pública incorporado por la Comisión Mixta de Constitución.

El 28 de abril, por mandato del auto constitucional 0186/2023, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) suspendió por segunda vez el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales, luego de la admisión de una acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por el diputado de la opositora Creemos Leonardo Ayala.

El diputado opositor demandó la “inconstitucionalidad” de la Resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional 007/2022-2023, de 20 de abril de 2023, por “ser presuntamente contraria a los artículos 1, 7, 11.I, 109.II, 144.II.1 y 2, 145 y 410.I y II de la Constitución Política del Estado, y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Acogiendo la petición del diputado opositor, el 31 de julio, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucional el reglamento y la convocatoria aprobadas por la Asamblea Legislativa para realizar la preselección de los aspirantes a las elecciones judiciales, y determinó que se apruebe por dos tercios de voto una ley y todos los pasos legislativos siguientes para elegir candidatos judiciales.

Una alianza de los senadores “evistas” con los opositores de Creemos y Comunidad Ciudadana aprobó con dos tercios el Proyecto de Ley C.S. N° 144/2022-2023, denominado “Proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024”.

No obstante, el proyecto fue declarado inconstitucional por el TCP el 11 de diciembre, a través de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023. 

Al momento de dar a conocer la sentencia, los magistrados también determinaron “la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades, fruto de la preselección desarrollada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y del proceso electoral llevado a cabo por el Órgano Electoral Plurinacional; conforme al marco contenido en la Constitución Política del Estado y conforme a lo razonado en la presente Declaración Constitucional Plurinacional”.

En esa línea, exhortaron a la “Asamblea Legislativa Plurinacional cumplir sus funciones y atribuciones constitucionales en cuanto a la preselección de las candidatas y los candidatos a los altos cargos del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, de manera inmediata por el carácter excepcional y temporal ya establecido”.

Egüez afirmó que dejar el cargo, como seguidores del expresidente Evo Morales demandan, generaría “responsabilidades”, y afirmó que la única salida es que la Asamblea Legislativa “pueda tratar y aprobar una ley, y llevar adelante las elecciones judiciales para que al fin y al cabo el pueblo boliviano no sea perjudicado”.

“Nosotros, en el momento que nos digan: ‘ahora ustedes se van están los nuevos electos’, entregamos al día con cero mora procesal”, insistió.