La presión para que magistrados y consejeros den un paso al costado en sus funciones prorrogadas, sube con el pasar de los días. Movilizaciones, demandas penales y advertencias de asambleístas del bloque evista del MAS y la oposición son parte de ello.

Ante las fallidas elecciones judiciales, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió una polémica sentencia el 11 de diciembre de 2023, que prorrogó el mandato de las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental (TA), el TCP y el Consejo de la Magistratura.

Las funciones de magistrados y consejeros acabaron el 31 de diciembre del año pasado, tras el periodo de seis años dictado por la Constitución Política. El fallo del TCP es inapelable, empero, desató una ola de críticas desde el plano político, con amenazas de procesos penales ordinarios y juicios de responsabilidades.

Presión

Ayer, en Sucre, hubo nuevamente manifestaciones contra el dictamen del TCP, protagonizadas por plataformas ciudadanas y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade). Esto, en medio de una vigilia de militantes del bloque evista del Movimiento al Socialismo (MAS), en cercanías de la sede del TCP.

Los evistas ya protagonizaron amagos de enfrentamiento con policías que custodian la infraestructura del Constitucional y otros tribunales. Protestan contra la prórroga, tras la anulación de la reelección presidencial indefinida, que afectaría al jefe nacional del MAS, Evo Morales, en sus intenciones de postularse como presidenciable para los comicios 2025.

Además, hay una convocatoria del Pacto de Unidad paralelo de organizaciones sociales que respaldan a Morales para aumentar la presión contra el TCP. El llamado es para que más simpatizantes se trasladen a la capital del Estado para exigir la renuncia inmediata de los magistrados y los consejeros.

Judicial

Otro frente contra estas autoridades es precisamente el judicial, donde ya se han presentado tres demandas penales, una de ellas cuenta con el visto bueno de la Fiscalía de Chuquisaca, que corresponde a la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), por el delito de usurpación de funciones.

“Se ha admitido esta denuncia contra autor y autores por la presunta comisión de usurpación de funciones. A partir de esta admisión y de la interoperabilidad que se ha puesto a conocimiento del juez, el suscrito fiscal ha conformado una comisión de fiscales para que prosiga con la investigación”, dijo el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava.

El miércoles, la alianza opositora Creemos también activó una denuncia contra las altas autoridades judiciales, por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes. “Es una denuncia por las declaraciones constitucionales emitidas por estos magistrados del TCP que decidieron prorrogarse en su mandato”, dijo entonces la diputada Khaline Moreno.

Ayer fue el turno del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic (Creemos), quien ante el Ministerio Público presentó una denuncia por usurpación de funciones, en medio de la pulseta para no aplicar el dictamen del TCP para la suplencia temporal del gobernador Luis Fernando Camacho.

Senado

Otro flanco de presión es el Senado, desde donde legisladores evistas y de la oposición han amenazado a magistrados y consejeros con procesos. Ayer, el presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez (MAS), no bajó el tono y denunció un “golpe judicial” con la intención de “patear” los comicios judiciales hasta 2026.

“Definitivamente, el objetivo político de algunos está, de repente, en patear las elecciones judiciales hasta el 2026, lo cual incurre en incumplimiento de deberes de aquellos que no tienen la mínima voluntad de cumplir este objetivo”, señaló, y anunció la búsqueda de consenso en la Asamblea para aprobar una ley que destrabe el proceso.

En medio de esta crisis, ayer se oficializó la segunda renuncia de un magistrado judicial: Esteban Miranda, del TSJ. Anteriormente se había conocido también la dimisión de Carlos Calderón, quien formaba parte del Constitucional.