Bolivia está en un embrollo jurídico-político que pudo haberse evitado si las intenciones de reforma judicial que proclamaba tener el Gobierno hace tres años y dos meses, a poco de estrenarse, hubieran prosperado.

La convocatoria del Pacto de Unidad del bloque evista a iniciar “un bloqueo nacional indefinido de caminos” a partir de mañana exigiendo, principalmente, una “ley corta de convocatoria a elecciones judiciales” es el primer efecto serio de la decisión inconstitucional, tomada por una sala del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), de prorrogar en sus funciones a las máximas autoridades del Órgano Judicial.

Esos 26 altos funcionarios judiciales debían ser elegidos antes del 31 de diciembre en unos comicios que no se realizaron porque la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no pudo sancionar la ley necesaria para convocar a elecciones judiciales.

No lo lograron por las dificultades para llegar a acuerdos acerca del reglamento de preselección de los candidatos a magistrados, y porque el TCP paralizó por más de cinco meses el trabajo parlamentario para sancionar las normas necesarias para esa elección y anuló lo que ya había sido aprobado.

El meollo del lío estaba en evitar la injerencia política en la preselección de los postulantes que, como lo establece la Constitución, debe ser efectuada por dos tercios de los votos de los asambleístas. Una condición difícil de cumplirse en un Parlamento con fuerzas dispersas y con el partido mayoritario dividido por intereses electorales en la perspectiva de los comicios generales de 2025.

Cambiar ese esquema implica reformar la carta magna. “Si se abre o no se abre la Constitución, es para el tema de la justicia. No se va a tocar ningún otro (…). El único tema que se está analizando, a pedido del pueblo boliviano, a pedido del presidente (Luis) Arce, ratificado por Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, es revisar la elección de los jueces por voto popular y el tema judicial”, declaraba el Ministro de Justicia, el 27 de noviembre de 2020.

Ese propósito se diluyó en los primeros meses de 2021. Y dos años después, en marzo de 2023, la ALP inició el trámite para convocar a elecciones judiciales en las mismas condiciones que en 2012 y en 2017, cuando los bolivianos votamos mayoritariamente —alrededor del 60 por ciento— nulo o blanco.

Ésa es la clara muestra de la precaria legitimidad de las altas autoridades de justicia elegidas por voto popular. Esa precariedad tiene ahora ribetes de ilegalidad como resultado de la prórroga inconstitucional de funciones. Una situación cuyos efectos no se traducirán sólo en conflictos sociales, motivados más por intereses políticos, sino también en el aumento del desprestigio del sistema judicial y el inminente descalabro del andamiaje jurídico del país.