Luego que movilizaciones contra la prórroga de magistrados en Sucre, que se tornaron violentas y fueron reprimidas por las fuerzas del orden, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, afirmó que las decisiones inconstitucionales asumidas por las cabezas del Órgano Judicial impiden que la población o el poder político salgan en su defensa.
Desde la capital del Estado, Pedrazas se dirigió a las actuales autoridades de Justicia, prorrogadas, advirtiendo que deben enmarcar sus actos en el cumplimiento de las leyes vigentes y asumir que “nadie saldrá a defenderlos” ante movilizaciones y procesos posteriores.
En criterio del asambleísta, el principal error en el que incurrieron las cuestionadas exautoridades fue el haber procedido al margen de la Constitución y la normativa vigente, sin priorizar los intereses de la población, hecho que molesta y evita que la ciudadanía considere siquiera el salir en defensa de estos exfuncionarios.
“Lo que hay que decirles a los magistrados es que nadie los va defender, las declaraciones de un Ministro son simplemente palabras. Si ellos hubiesen actuado dentro del marco del derecho y precautelando los intereses de la población, seguro que en esta ciudad de tranquilidad la gente los hubiera defendido, pero no”, sostuvo el asambleísta de oposición.
Respecto a las recientes movilizaciones violentas en la capital y la convocatoria medidas más radicales, Pedrazas aseguró que magistrados y concejeros deben reflexionar sobre sus actos y no confiar en los intentos de justificación expresados por el titular de Justicia.
“Hay un montón de gente que está llegado producto de las decisiones inconstitucionales que se asumieron. Que lo vuelvan a pensar, ya que el poder político no los va defender, la declaración de un Ministro ya no es garantía”, dijo.
Sobre los procesos iniciados ante la Fiscalía General, el diputado representante del departamento de Sucre, reiteró que el mejor camino para que las cuestionadas exautoridades alivien su situación, en algún grado, es reencaminar sus actos y no aferrarse a cargos cuyo período de funciones ya concluyó.
“La Fiscalía está investigando el delito de usurpación de funciones, ellos (las autoridades que insisten en prorrogarse) no están legitimados ni tienen una potestad legal que emane de la ley para ejercer jurisdicción y competencia. Ellos tienen que saber aquello y tomar determinaciones en el marco de la Constitución, precautelando el interés superior que es la sociedad boliviana y no los 26 cargos que defienden con esta prórroga”, indicó.
En recientes declaraciones, el ministro de Justicia, Iván Lima, trató de justificar la prórroga judicial, señalando que ante los recursos enviados al Tribunal Constitucional Plurinacional, esta instancia solo interpretó la Constitución en cumplimiento de sus atribuciones y que una vez se cuente con magistrados elegidos en un proceso desarrollado, en cumplimiento a la carta magna, ellos dejarán las funciones.
“La Constitución se respeta, una vez que se emitida una sentencia, lo único que el Gobierno tiene como obligación es evitar que exista un vacío institucional y lograr que el mandato constitucional sea vigente. Esta es nuestra posición”, aseguró.
Agregó que existe la necesidad urgente de tener elecciones judiciales, previa preselección y que toda la reglamentación sea conforme a la Constitución. “Lo que se tiene es una situación de vacío institucional que han pretendido provocar, que no vamos a permitir, porque la Constitución se cuida, se respeta y el Tribunal ha dado una única salida. Hasta que no lleguen sus reemplazantes, ellos van a permanecer en el cargo y esa es la posición oficial que tenemos”, dijo Lima.
La semana pasada, Pedrazas y otros parlamentarios de oposición, plantearon la conformación de una comisión especial para investigar la gestión de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental entre los años 2018 al 2023, señalando que, de esta forma se generará una forma de contrapeso político muy necesario en el país.
Aseguró que con la fiscalización a Magistrados se logrará transparentar su labor, desde los fallos emitidos durante su gestión, hasta la forma de administración de los recursos que manejaron en la partida presupuestaria asignada cada año al Órgano Judicial.
La iniciativa plantea abordar el periodo comprendido entre el 3 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023, y el informe resultante podrá derivar en un juicio de responsabilidades. Pedrazas aclaró que no se tomará en cuenta el tiempo que los magistrados ejercen de forma “autoprorrogada”, porque aquello implica delitos ordinarios, como ciudadanos comunes, cuya investigación corresponde al Ministerio Público.