A la vista de los recientes acontecimientos perpetrados por los ex altos cargos del sistema auto prorrogados y/o favorecidos con ella, algunas extrañas “renuncias” (a funciones que ya cesaron y ante “Salas Plenas” inexistentes); el patético intento de defensa desde el Ejecutivo —a través del titiritero del Prado recitando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le conviene— y el generalizado rechazo, con diversas motivaciones, surgido prácticamente desde todos los ámbitos ciudadanos cabe preguntarse si la auto prórroga será viable o sostenible en el tiempo, ¿sobrevivirá o será otro papelón institucional y personal? ¿Cuáles son los efectos personales e institucionales que se avecinan?

Recordemos que el pretexto usado para esa extravagante declaración fue evitar el vacío judicial que, insisto, no era tan fiero como nos la charlaron. No obstante, pese al relativamente escaso lapso transcurrido, resulta innegable que el remedio les quedó peor que la enfermedad ya que el tiro les salió por la culata, como lo está probando cotidianamente más allá de toda duda razonable la cruel realidad, mucho más dura que la DCP No. 49/2023, así la lleven bajo el brazo. 

Veamos algunos pocos ejemplos: la inauguración protocolar del año judicial en los altos tribunales no pudo realizarse y de haber habido algo parecido, fue clandestino y hasta por plataforma virtual. Se supo que los exmagistrados de dos de los tribunales (Supremo de Justicia y Agroambiental) habrían elegido, en “Sala Plena”, a nuevos “presidentes”, que incluso habrían designado a vocales de tribunales departamentales de justicia, e incluso que ese grupo de amigos exmagistrados de una Sala, habría emitido una resolución resolviendo el pedido de aclaración y enmienda al fallo sobre el gobernador de Santa Cruz.

Todo eso prácticamente desde la clandestinidad y con el agravante que esos tribunales ahora cercados ya no están atendiendo regularmente al público, peor al foro que necesita presentar memoriales, hacer seguimiento de los procesos o recibir notificaciones, aunque sea con fechas y diligencias falsas, como se malacostumbró. Advertirán que eso dista, y mucho, de la normalidad con la que el sistema en esas altas instancias debiera funcionar. Se trata nada menos que de un órgano del Estado que debiera dar ejemplo de legitimidad, transparencia e idoneidad o, aunque sea, siquiera de regularidad.

De hecho, desde dentro de esos tribunales, las almas comunicativas chismean que los exmagistrados se han convertido en prácticamente fantasmas, pues no aparecieron como sería su obligación de seguir siendo tales y/o lo hacen a escondidas, clandestinamente. ¿Acaso la impartición de justicia no debe ser pública, transparente y accesible?

En el ámbito estrictamente jurídico y descontando lo protocolar que sólo tiene trascendencia formal, acaece que todos los actos de los exmagistrados —convertidos ahora en un grupo de amigos que juegan con nuestros recursos públicos a seguir siendo autoridades del sistema de administración de justicia— están irremediablemente viciados de nulidad por orden del Art. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE): “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”.

La CPE y los instrumentos internacionales, condicionan cualquier decisión, a que sea expedida por jueces competentes establecidos por la CPE y la ley. Ellos dejaron de serlo.

Ese es el peor daño que los autoprorrogados están causando al ciudadano y al Estado (que tanto idolatraron) pues, en vez del vacío judicial maliciosamente exagerado y usado para justificar su tropelía, han generado un inocultable caos jurídico y administrativo de inimaginables consecuencias, que crece diariamente como bola de nieve llevándose por delante la ya muy débil institucionalidad que contribuyeron frecuentemente a debilitarla por su indigno sometimiento a poderes fácticos de orden partidario u otros peores. 

Peor aún, si antes ya peleábamos por el podio (empezando por la cola) en absolutamente todos los estudios de funcionamiento del sistema de justicia global, imagínense cómo estaremos ahora cuando quienes cierran y/o gobiernan los sistemas constitucional, ordinario, ambiental y disciplinario no solamente ya eran ilegítimos en su acceso a sus funciones por haber perdido por goleada en las elecciones judiciales y por su desempeño de funciones seriamente cuestionado, sino, ahora, han concluido constitucionalmente su lapso de vigencia del cargo y están patéticamente empernados en el trono, producto de su propia decisión y/o actuación.

La seguridad jurídica está hecha pedazos y Bolivia ante el mundo ahuyentando sistemáticamente inversiones que producirían riqueza, impuestos y trabajo. Nos mostramos como una opereta bufa, no como una democracia institucionalizada sujeta al imperio del derecho.

Así el estado del arte, la autoprórroga no es viable ni sostenible. Un exjuez español, Santiago Torres, ya lo sentenció: “Un juez es un bisturí que utiliza el derecho para defender a los ciudadanos. Si está infectado, solo sirve para transmitir más enfermedades”.