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15 de enero de 2024, 12:15 PM
El expresidente y líder de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, envió este lunes una carta a Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de las Naciones Unidas, sobre la independencia de magistrados y abogados, para que realice una “evaluación y recomendaciones” tras la “autoprórroga” de magistrados en Bolivia.
“Dada la crisis judicial provocada por la autoprórroga de los magistrados del Órgano Judicial, acabo de enviar una carta a la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados, pidiéndole que se pronuncie sobre esta inaceptable situación”, informó Mesa mediante su cuenta en X.
En su carta, Mesa le dice a la Relatora que, el pasado 2 de enero de 2024, los altos magistrados del Órgano Judicial "rompieron el orden constitucional del país al permanecer en sus cargos habiendo terminado su mandato de seis años de ejercicio, de acuerdo con la Constitución Política del Estado (CPE)".
En Bolivia, las autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental (TAA) y Consejo de la Magistratura (CM) son electas por voto popular y su mandato, según la Constitución, dura solo seis años; pero ,en este caso, los actuales magistrados decidieron mantenerse en sus cargos porque no se realizaron nuevas elecciones judiciales hasta el pasado fin de año, como debió ser, porque ese proceso fue paralizado con una serie de recursos legales.
Además, “esta gravísima alteración del orden constitucional y democrático en Bolivia, se profundiza porque los magistrados autoprorrogados del TCP han sido parte de un sabotaje permanente, en alianza con el gobierno nacional, en contra de la Asamblea Legislativa Plurinacional, bloqueando y demorando las iniciativas legislativas que ésta adoptó para viabilizar las elecciones judiciales por voto popular durante el año 2023. Más grave aún, los magistrados prorrogados del TSJ, que actualmente están ejerciendo de facto estos cargos, han designado a 46 Vocales de los Tribunales de Justicia Departamentales que, también por el vicio de origen de quienes emana su designación, carecen de legalidad y legitimidad”, señala Mesa en otro párrafo de su carta.
Esta situación, según Mesa, generó una “crisis de institucionalidad democrática y conflicto de poderes en Bolivia, que compromete la paz y la convivencia social, además de que socava las bases del orden constitucional y del Estado de Derecho, comprometiendo toda la administración de justicia, especialmente en el ámbito penal, por las consecuencias que genera el hecho de que no exista en este momento el ‘juez natural’”.
“Al ser el guardián de la Constitución (el TCP) el que la vulnera, respondiendo a intereses políticos del gobierno nacional, estamos indefensos para proteger los derechos humanos en su conjunto. (Por eso) llamo su atención sobre esta problemática, para que, dentro del ámbito de sus funciones, realice la evaluación y recomendaciones que el caso amerite, como una contribución de su institución a Bolivia, para coadyuvar al restablecimiento del orden constitucional y democrático en mi país”, le pide Mesa a Satterthwaite.
