Desde el 4 de enero en Bolivia no existe Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental ni Consejo de la Magistratura pues el mandato de sus miembros, definido por la Constitución Política del Estado (CPE), feneció un día antes, el 3 de este mes. La autoprórroga decidida en la declaración 0049 de 11/12/2023 por los ahora ya extribunos constitucionales en su favor y el de los miembros de los otros organismos anotados es antijurídica y se origina en una decisión política simulada legal por alguien cuyo nombre y cargo en el Gobierno se saben, de manera extraoficial.

El efecto de este suceso es la usurpación de funciones por parte de los prorrogados estando viciados de nulidad todos los actos y resoluciones que tomen, incluyendo las designaciones que hagan. Igual situación se producirá con relación a los vocales, jueces y personal auxiliar cuyos mandatos fenezcan por conclusión de plazo legal, así como con relación a quienes sean designados por los usurpadores. Ilegalidades en cadena.

Tal atropello a los valores, principios, normas constitucionales, leyes, doctrina, lógica jurídica y sentido común no sorprende pues se inscribe en la larga sucesión de atentados del régimen masista contra la institucionalidad pública que ha llegado al extremo de condenar al Estado, vaciarlo de su contenido original de limitación del poder, división de sus funciones e independencia de sus órganos, destrozando los avances democráticos que tuvo entre 1982 y 2005 hasta convertirlo en una monstruosa caricatura de la novedad portentosa construida desde el siglo XVIII en el mundo occidental.

Sí. El MAS ha hecho de Bolivia un sitio sin ley donde se impone la fuerza; donde pasa todo y no pasa nada, donde los inocentes están encerrados y los criminales cometen sus fechorías a plena luz del día en connivencia con la burocracia, con total impunidad, en el contexto de la mayor incompetencia y degradación moral de la función pública que se haya visto antes.

Este desastre no es un error ni un efecto colateral de estrategias bienintencionadas. No. Fue provocado con premeditación, alevosía y ensañamiento por los asesores extranjeros del “socialismo del siglo XXI” que vieron la oportunidad de hacer un experimento bárbaro, condicente con la angurria de poder de los autoritarios a quienes la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos les resultan obstáculos.

La crítica y denuncia sobre la falta de justicia ha sido incesante. Ha llegado a propuesta y acción democráticas como la iniciativa ciudadana para la reforma judicial en 2023, conocida como de “juristas independientes”, cuyo resultado –heroico pese al entramado mañoso de leyes para inviabilizar este mecanismo de democracia y el sabotaje servil del organismo electoral– fueron 833.115 firmas, algo más de la mitad requerida por la ley maliciosa. Se ha criticado y denunciado desde adentro y afuera. Recientemente, el director asociado para América Latina de Human Rights Watch (HRW), en entrevista con El Deber de Santa Cruz, expresó que es necesario “hacer una reforma profunda guiada por el principio de la meritocracia”, a tiempo de apuntar el uso político de la justicia entre otros problemas severos.

Indiscutible: reforma según meritocracia. Sin embargo, el nudo a desatar es político. Si queremos justicia, debemos recuperar el Estado, democrático y de derecho, por consiguiente, tomar el poder y esto lleva, por fuerza, otra vez, a patear el balón al lado de los políticos de oposición para que honren su condición y, más allá de sus flaquezas, hagan política de la buena, en serio, con eficacia. Como van las cosas, habrá que orar mucho para que así sea.

Mientras rezo a todos los dioses y energías del universo en tal sentido, me nombro portavoz de las víctimas de la administración de injusticia campante en Bolivia, de los inocentes sometidos al infierno de las cárceles, esos verdaderos centros de planificación, dirección y ejecución del crimen donde los profesionales del delito, sin y con uniforme verde olivo, medran del amparo del poder putrefacto de los autoritarios y del abuso a los más débiles. Denuncio la insensatez e ineficacia del modelo punitivista penal –pese a la popularidad de Bukele– y de la legislación y juzgamiento con enfoque de género, exigiendo a los legisladores que se consideran demócratas, que tengan coherencia y no sean cómplices de ese retroceso.

Reclamo enfáticamente por investigaciones criminológicas, tan venidas a menos por investigaciones y por criminológicas, y por la difusión de contenidos que contribuyan a disipar las sombras de la ignorancia colectiva respecto del fenómeno penal que empuja hacia los tiempos sombríos de la venganza bestial.

Finalmente, a quienes tienen conflictos que les hacen pensar en contratar un abogado, les recomiendo con fervor que eviten entrar en litigio y se decidan por una transacción que les ahorrará tiempo, energía y recursos, aunque implique cesiones. Siempre fue la mejor vía. En tiempos pluri con mucha mayor razón.

Gisela Derpic es abogada.