El punto sobre la i

Una de las creencias más asentadas de la modernidad es que la humanidad progresa en el tiempo. Esto es, que la historia se mueve siempre hacia adelante y que todo lo nuevo es mejor que lo anterior. Sin embargo, una mirada al devenir histórico permite constatar que civilizaciones enteras se tornan decadentes y ultimadamente perecen.

El Estado moderno se plantea, desde su origen, proporcionar un marco legal y un sistema de justicia para mantener el orden y preservar la seguridad. Las instituciones estatales, como la policía y el sistema judicial, son esenciales para la defensa de la sociedad y la economía. Con todo, nada garantiza su buen desempeño y continuidad. Esta institucionalidad puede muy bien diluirse y la barbarie restituirse.

Así, llama la atención la cantidad de conciudadanos que de pronto aparecen abogando por el descabezamiento del Órgano Judicial en Bolivia. Es perfectamente entendible que genere frustración el no haber dado cumplimiento al mandato constitucional de elegir nuevas autoridades judiciales en justas electorales, pero de ahí a abogar por la desinstitucionalización, sin plantear una solución saludable para el país, o peor aún, atropellando la Constitución Política del Estado, no parece algo sensato.

Conversamos con dos abogados y analistas políticos y también con el expresidente de la Cámara de Diputados para comprender por qué se están dando las cosas de la manera actual. Los jurisconsultos Daniel Valverde y José de la Fuente dan sus perspectivas desde Santa Cruz y Cochabamba, respectivamente. A su vez, Jerges Mercado presenta su análisis desde una posición privilegiada para entender lo que se mueve tras la disputa por el poder.

SITUACIÓN.

La interrogante inicial es sobre qué es lo que realmente está pasando. Al respecto, Mercado considera que “los que están pidiendo la renuncia de los magistrados de este momento son aquellos grupos que se han sentido que la justicia no ha obrado a su antojo, a su capricho y a su medida. Por eso es que están pidiendo la renuncia. Ahora, esos mismos grupos no plantean ninguna solución, porque no puede ningún órgano del Estado quedar acéfalo, descabezado.  Las propuestas que se han escuchado, que han llegado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, todas son absolutamente inconstitucionales. Había una ahí que decía que los funcionarios se hagan cargo del manejo del Órgano Judicial. Eso es más o menos, por decir, que mañana me vaya y mi técnico asuma la diputación. Los funcionarios no están para eso, los elegidos son las autoridades judiciales. Por lo tanto, son grupos que esperaban que la justicia actúe a su medida, a su antojo. No lo hizo y por eso están ahora movilizados”.

“Lo que podemos asegurar nosotros es que tenemos una profunda voluntad de que se hagan las elecciones judiciales lo antes posible. Lo hemos intentado el año pasado, tropezamos en marzo con la chicanería. Una persona particular, que no creo que hubiera actuado sola, nos interpuso un amparo. Luego un diputado de Creemos hizo lo mismo. Fueron seis las acciones que impidieron que podamos oportunamente preseleccionar la autoridad judicial. Una de ellas fue también que, cuando el Tribunal de Justicia envía en consulta el Proyecto de Ley 144, el Tribunal Constitucional Plurinacional se tomó todo el tiempo del mundo. Lo tuvo 82 días y recién al final saca su declaratoria, cuando ya era muy tarde y era imposible que podamos administrar las elecciones antes del 3 de enero”, prosigue el diputado.

Añade que, “ante esa situación, nosotros comprometidos con las expectativas del pueblo boliviano, dando muestras de que sí queremos nueva justicia, nuevos actores que conduzcan al Poder Judicial. Esta semana hemos presentado una propuesta de ley apegada a la Constitución Política del Estado, apegada a las leyes, pero sobre todo que recoge las observaciones planteadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Esperemos que esta ley avance y que lo antes posible podamos discutirla y ojalá que podamos allanar el camino para que podamos preseleccionar a los postulantes para ser altas autoridades judiciales”.

ALTERNATIVAS.

El abogado cruceño, Daniel Valverde, afirma que “por honestidad histórica, hay que precisar algo. El hecho de que la Asamblea Legislativa Plurinacional no se hubiese puesto de acuerdo no es fruto de algo casual, de omisión o que se distrajeron. Hubo piedras y autopiedras en el camino, los obstáculos que no debían estar, que se fueron colocando, para llegar a una situación de detención y que hace finalmente que la única opción que quede sea cabalmente la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial. Digo esto porque el Gobierno sabía de antemano de que uno de los problemas estructurales del país era el referido a la administración de justicia, que arrastra bajos niveles de confianza, necesidad de más credibilidad para poder lograr una mejor convivencia. Eso no ocurrió. Se prometió una reforma constitucional, se anunció que iban a haber una cumbre para ver cuál era la salida, pero realmente no se hizo nada, excepto poner algunas piedras y obstáculos para que la situación quede ahí como está, porque nada cambió en casi tres años. En este tiempo se pudo hacer algunas cosas importantes”.

“Pero bueno, como están las cosas, probablemente la única opción sea que se prorroguen. Si no va a haber una reforma constitucional, que por lo menos pueda haber unas elecciones, un reglamento en mejores condiciones, que permita quizás hacer algunos cambios con cierta creatividad”, acota.

En un tono más reflexivo, Valverde sostiene que “tampoco las elecciones son la única opción. Yo creo que hay una segunda alternativa que es muy poco explorada, porque demanda mucha grandeza, demanda acuerdos. Creo yo que como está la administración de justicia, o por lo menos la manera en que hemos venido eligiendo a los magistrados, nos debe obligar a pensar en una reforma constitucional. Los niveles de legitimidad que tienen los magistrados son extremadamente bajos. El artículo 411 de la Constitución Política del Estado, en su numeral segundo, plantea la figura de una reforma parcial y da varias opciones. Una de ellas es que la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional, aprobada por dos tercios de los miembros presentes en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pueda plantear una reforma. Eso requiere de acuerdos, pero creo que podría ser la oportunidad para evitar repetir un nuevo capítulo de lo que hemos vivido hasta ahora”.

POLÍTICA.

El analista cochabambino José de la Fuente, se introduce de lleno en las variables y consideraciones políticas de la situación. “Estamos en una crisis de actores políticos. No tienen como hacer política de otra manera, no entienden otra forma. Si hay algo que institucionalmente no se resuelve, debe quedar la Justicia. Lo que algunos están queriendo justamente es eso, que no quede la Justicia para que haya piedra libre. Es una irresponsabilidad llevada al extremo. Veamos el ejemplo de España, entre peleas y bregas, están aguantando ya cinco años con las autoridades que tienen, porque no se puede descabezar el Órgano Judicial. Un país no puede quedarse sin Corte Suprema, sin Tribunal Constitucional. Pero claro, estos actores son tan irresponsables e incapaces, que les parece más fácil atacar a los magistrados, porque nadie los defiende y ellos mismos no están en lo suyo en la política”, asevera.

“Del lado de los evistas, ellos están apostando a descabezar la institucionalidad. ¿Para qué? Para tener la posibilidad de controlar la decisión judicial, porque saben que a continuación lo que viene es la pelea por la sigla del MAS. Ya no es el fallo sobre la repostulación como tal, sino la cuestión de la sigla. El Tribunal Supremo Electoral va a tener que asumir ese fallo. La única posibilidad para revertir eso es con otro Tribunal Constitucional Plurinacional, con un recurso del evismo que les permitas recuperar terreno. Por eso quieren otro tribunal o por lo menos que no haya tribunales. Esa es su jugada. En Comunidad Ciudadana, en la oposición más pensante, saben que sigue a continuación la crisis del proceso, del MAS en su conjunto, y eso es lo que quieren”.

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“Por fuera, otros están armando su delegación para ir a Sucre y marchar, con Manuel Morales, del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) a la cabeza, que ha dicho que el civismo ha tomado esta bandera. Eso es todo lo que pueden hacer y Evo Morales se presta porque sabe que, más allá de la cuestión coyuntural, está definitivamente su candidatura en juego”, indica de la Fuente.

Mercado apunta al respecto que “queda claro que el MAS no le pertenece a una persona, no le pertenece a una familia. El MAS-IPSP es un instrumento creado por los sectores sociales bolivianos, por ese sector que René Zavaleta Mercado llamaba el bloque nacional popular, compuesto por campesinos, por indígenas, intelectuales progresistas, bartolinas, interculturales, en fin, todo lo que son los sectores sociales organizados en Bolivia. Ellos son los auténticos dueños de la sigla y del instrumento político MAS-IPSP. Ahora, algunos han querido hacer sus congresos al margen de los auténticos dueños, por eso es que el congreso de Lauca Ñ ha sido declarado nulo y puede ser cualquier cosa, una junta de amigos, si se quiere, pero no de un congreso. Lo que corresponde aquí es que se convoque a un nuevo congreso, que ojalá sea uno de unidad, donde entre todos nos saquemos los trapos al sol si quieren, nos respetemos internamente, pero que salgamos de ahí unidos. Finalmente, tenemos una responsabilidad histórica con la patria, con el pueblo boliviano, particularmente los más marginados, de seguir construyendo y profundizando el proceso de cambio y el Estado Plurinacional de Bolivia. El objetivo es que el presidente Luis Arce culmine su mandato con la mejor gestión posible, dado el contexto internacional complejo que tenemos, pero también que él más tenga perspectivas después de 2025 con la candidatura que se elija internamente”.

De la Fuente llama la atención sobre “lo que han dicho esta semana los dirigentes de las organizaciones sociales, después de reunirse con el presidente Arce, es muy importante y muy fuerte. Plantean que van a reclamar la sigla, porque consideran que el instrumento es de ellos. O sea, ya es frontal el reclamo y eso es exactamente lo que temía Evo Morales. Él equivocadamente, se ha perdido en la pelea, porque ha pretendido arrogarse la propiedad del instrumento. Yo soy el instrumento, parece afirmar, como si fuera el Luis XIV del trópico. Hoy en día nadie acepta esas cosas, la gente lo toma en tono de ofensa y más si se lo plantea de manera belicosa”.

COYUNTURA.

Así las cosas, en la coyuntura parece darse un redibujo coyuntural en las distancias y proximidades entre los actores políticos. “Efectivamente, el presidente Luis Arce ha pasado a la ofensiva y esto ha provocado, digamos, un cierto realineamiento, pero nada más. Porque tampoco pueden coincidir en más temas. No lo veo, por ejemplo, a Zvonko Matkovic yendo a buscar a Evo Morales para coordinar acciones. Pero, momentáneamente coinciden en la descalificación del Tribunal Constitucional Plurinacional porque los está afectando de una u otra manera a los dos. En el caso del colectivo del Búnker y otras plataformas, intentan sumarse a este intento de descabezamiento del Órgano Judicial porque es el único resquicio por donde pueden entrar. Confían en eso, pero nada más”, dice el abogado cochabambino.

Por su parte, el diputado Jerges Mercado observa que “ya hace un tiempo a esta parte, lamentablemente, el grupo que responde al evismo ha dado señales claras de estar en sintonía con los grupos más fascistas y más extremos del país. Yo lo he vivido en carne propia en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde utilizaban los mismos argumentos, las mismas tácticas, para obstruir, obstaculizar la aprobación de leyes estratégicas para el país. Por eso no me extraña, aunque me avergüenza, que nuestro compañero Evo Morales ahora aparezca defendiendo al gobernador cruceño, después que Luis Fernando Camacho fue el que le hizo salir escapando y olvidándose del Gobierno, de las bases sociales y finalmente el proceso de cambio. Pasan los tiempos y resulta que ahora están hablando en el mismo idioma, en la misma sintonía”.

Valverde coincide en ver premuras y presiones políticas. “Estamos en un periodo preelectoral, porque se ha adelantado mucho la política y lo estamos viviendo desde 2023. Ya entramos a 2024 y, entonces, hay quienes, por supuesto quieren instrumentalizar, quieren llevar agua a su molino, tienen afanes de protagonismo, tienen estrategias que las vuelca a este foco que tiene que ver con la administración de justicia, la prórroga de mandato, la baja credibilidad, algunos fallos cuestionados a última hora del Tribunal Constitucional Plurinacional. Obviamente esto tiende a ser cada vez más caótico”.

El abogado cruceño advierte que “si no hay apuro en la Asamblea Legislativa Plurinacional, si ellos no dan señales, obviamente que esto va a seguir. Van a comenzar las demandas, las impugnaciones, cualquier fallo va a ser cuestionado”.

(*)Pablo Deheza es editor de Animal Político