Tahuichi Tahuchi Quispe, vocal del Tribunal Supremo Electoral, presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para eliminar las elecciones primarias en los partidos políticos. Actuó a título personal. En sus declaraciones a los medios de comunicación, sostuvo que “La realización de las elecciones primarias es una aberración, es un insulto a la democracia, es un insulto a la inteligencia de los bolivianos”, y argumentó que unas elecciones primarias con un solo candidato no tienen sentido.

La acción emprendida por Tahuichi deja varios elementos para el análisis. En primer lugar, aunque cada quien puede ejercer libremente su libertad personal, también es cierto que el vocal forma parte de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, máxima instancia de uno de los cuatro poderes del Estado. Se trata de un órgano colegiado integrado por siete vocales que, idealmente, deberían actuar en conjunto y por consenso. En ese contexto, las acciones y declaraciones personales del vocal dejan en evidencia que en el TSE carece de una conducción firme y clara.

En segundo lugar, es cierto que en Bolivia existen leyes que nacen y mueren en el papel; no se cumplen y, lejos de ello, permiten que se perpetúen los desajustes sociales, legales o económicos; pero de ahí a plantear que se suspendan las elecciones primerias porque “son un insulto a la inteligencia” hay una gran diferencia.

Recientemente se pudo ver el ejemplo de Argentina con sus primarias (PASO), primera y segunda vuelta que, finalmente, encumbraron a Javier Milei como presidente; y ni qué decir de Chile que tiene una larga tradición de democracias partidarias. Entonces, mal se puede argumentar que la democratización interna de los partidos es un trabajo insulso.

Bolivia ha superado cuatro décadas de vida democrática con partidos políticos caudillistas, mesiánicos y hasta prebendales. En su tiempo Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Suazo o Hugo Banzer Suárez fueron caudillos, no líderes, de sus partidos. Max Fernández Rojas declaró ser dueño “hasta del último cenicero” de la UCS; Jaime Paz se dio modos para sacar del camino a Antonio Araníbar y Samuel Doria Medina; y Carlos Palenque fue vida, ocaso y desintegración de Condepa. En todos los casos, quien cuestionaba al jefe era traidor o aliado de los enemigos políticos.

¿Cuánto se ha avanzado hasta ahora? Nada. La encarnizada pelea por el poder en el MAS es una prueba clara, y ni qué decir de la crisis de Creemos donde cuestionar cualquier palabra o acción de Luis Fernando Camacho es suficiente para ser aislado y públicamente censurado, con el agravante de que ese nivel intolerancia política está causando graves daños a la Gobernación del departamento de Santa Cruz.

En tercer lugar, está la responsabilidad de las instituciones del Estado. En Bolivia la Constitución establece que el poder radica en cuatro órganos: Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral; es un inédito caso en el que la entidad rectora de los procesos electorales tiene el mismo nivel y jerarquía que los otros órganos del Estado. Tiene, en consecuencia, atribuciones establecidas por ley para supervisar y promover la democratización de los partidos. Es claro que no lo hizo y por eso uno de sus vocales busca propone que los caudillos sigan siendo candidatos.
A mediados de 2024 iniciará un ciclo electoral largo y complejo. El TSE tendrá que buscar consensos para redistribuir escaños con base en los resultados del Censo; en algún momento deberá llevar a cabo las elecciones judiciales y, acto seguido, ejecutará las elecciones primarias. En 2025 se llevarán a cabo las elecciones generales e inmediatamente tocará la renovación en gobernaciones y alcaldías. Más que nunca se necesita de una institución sólida e independiente, pero las señales dadas por el vocal Tahuichi dejan grandes dudas y a ello se suman cuestionamientos a otros vocales nacionales y departamentales que en determinados momentos manifestaron afinidades político partidarias.
Será necesario que el OEP se ponga a la altura del desafío histórico que se le viene para evitar una crisis parecida a la de 2019 que, de darse, dañaría irremediablemente los cimientos de la democracia boliviana.